El decreto del catalán aprobado por el Govern para hacer frente a la imposición del 25% del castellano en las aulas ya se ha convalidado en el Parlament con el apoyo de ERC, Junts y los comuns, lo que se ha traducido en 71 votos a favor y 60 en contra. Convalidado el decreto, ya están completamente en vigor las dos normativas para intentar parar la injerencia de los tribunales: la ley ad hoc aprobada ahora hace unas semanas que establece el catalán como vehicular y el castellano como curricular, y ahora el decreto del Govern que no fija porcentajes y atribuye al conseller Josep Gonzàlez-Cambray la responsabilidad de validar los proyectos lingüísticos. En su intervención inicial, el titular de Educació ha defendido esta norma ante una "situación judicial anómala", y ha explicado que a este decreto le seguirá otro sobre la elaboración de proyectos lingüísticos.

El decreto fue aprobado en una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo el pasado 30 de mayo, cuando faltaban horas para que acabara el plazo impuesto por el TSJC para acatar la sentencia. El nuevo marco normativo subraya la "inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes" sobre el uso de la lengua y deja claro que es el departamento de Educación quien asume la responsabilidad del proyecto lingüístico de cada centro. Entró en vigor el mismo 30 de mayo cuando se publicó en el Documento Oficial de la Generalitat, y ahora sólo faltaba que fuera ratificado en el Parlament. Los partidos de la derecha intentaron parar su trámite parlamentario llevándolo al Consejo de Garantías Estatutarias, pero este órgano lo avaló con unanimidad y aseguró que a diferencia de lo que denunciaban Vox, Cs y PP, el decreto no vulnera la Constitución ni el Estatuto.

A diferencia de la ley ad hoc del Parlament que también contó con el apoyo e implicación del PSC, el decreto sólo ha recibido el apoyo de los dos partidos del Govern y de los comuns. Durante el debate, marcado por duras críticas de la CUP que desde un inicio no ha querido colaborar con los partidos en esta iniciativa, los tres partidos que han dado apoyo han coincidido en que es un decreto para sacar los tribunales de las escuelas. El Parlament ha descartado pero tramitar el decreto como proyecto de ley, aunque Junts lo había pedido, y al final de la votación el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el vicepresidente, Jordi Puigneró, han encajado la mano al conseller Cambray.

Intervención de ERC, Junts i comuns

Desde de ERC, la diputada Mònica Palacín ha defendido que "contra quien allana el camino a las togas" estarán siempre plantando cara: "No podíamos quedar pasivos y no lo hemos hecho", ha defendido a la republicana, que ha asegurado que el decreto está para "continuar" en la defensa del modelo de escuela catalana poniendo la responsabilidad legal en el Govern: "Celebramos el consenso que la lengua se merece", ha añadido Palacín, que ha defendido hacer pedagogía en los centros y política en el Parlament y no a los tribunales.

 

Anna Erra de Junts ha insistido en que tanto el decreto como la ley ya aprobada son instrumentos para hacer frente al ultimátum del TSJC que es un ejemplo más de la "represión de la lengua", una iniciativa para "plantar cara y batallar". Ha reconocido que estas herramientas quizás no serán suficiente pero ha reivindicado que se han trabajado con consenso dentro y fuera de los despachos con la comunidad educativa y con Òmnium y Plataforma per la Llengua: "Sabemos que quizás ninguna ley podrá blindar del todo el catalán (...) Sólo lo blindaremos cuando seamos estado independiente", ha cerrado.

 

El discurso más social ha ido a cargo de Jessica González de los comuns, que ha reivindicado la defensa del catalán desde una perspectiva de clase y para evitar que esté relacionado únicamente con "la burguesía". Asimismo, ha reivindicado el decreto como herramienta para que los centros educativos tengan una referencia sobre cómo preparar los proyectos lingüísticos sin estar a la "intemperie jurídica", y dando todas las herramientas en los centros para que adapten los proyectos lingüísticos a las realidades: "Un país con futuro es el que entiende las lenguas como elemento de cohesión, esta es la base de nuestro modelo, huyendo de la confrontación," ha cerrado.