El motivo principal por el cual el Partido Popular justifica haber suspendido las negociaciones para renovar el CGPJ es la reforma del delito de sedición, poniendo al independentismo de excusa. Sin embargo, la cosa no acaba aquí y parece ser que el PP quería garantías de que ERC no entraría en el Tribunal Constitucional. Así lo revela El Mundo, que añade que La Moncloa se negó a garantizar-lo. Una excusa más para los conservadores que, con su veto, han hecho preocupar a Bruselas y la Comisión Europea se ha visto obligada en insistir en la urgencia renovar el Poder Judicial. Hay que recordar que la renovación del Consejo General del Poder Judicial no es lo único que está pendiente, sino que el ejecutivo español y el mismo órgano de gobierno de los jueces tienen que renovar también el tribunal garantías: cada institución tiene que nombrar a dos candidatos.
Los populares querían "garantías" por escrito que el Gobierno no propondría ningún magistrado favorable a los intereses de los republicanos o, directamente, de "corte independentista" en el Constitucional. "Y eso que todavía no se había pactado", porque La Moncloa no había accedido a incluir este compromiso por escrito. Si bien los nombres del CGPJ estaban pactados, "los del TC no". Sin embargo, también es sabido que fue la presidenta Isabel Díaz Ayuso quien presionó a Feijóo para romper el pacto para la renovación del Poder Judicial. "Es una barbaridad", dijo, en referencia a la reforma del delito de sedición que se está trabajando con los republicanos.
La versión del Gobierno
Todo eso, claro está, es la versión del PP. Desde el ejecutivo estatal tienen una visión totalmente diferente. Fuentes del Gobierno han subrayado que ERC no iba a tener un magistrado. De hecho, esta posibilidad sólo formaba parte de un intento de "tumbar" el acuerdo alcanzado con el PP. Lo que sí que aseguran en La Moncloa es que los republicanos habían presionado a Pedro Sánchez para que el nuevo panorama judicial no fuera "hostil" a la Generalitat y para que el tribunal de garantías respete la "voluntad" del Parlament, poniendo énfasis en el hecho que la justicia no frene a las políticas lingüísticas — como ya se había hecho con el Estatut.
Ante de todo esto, es interesante tener en cuenta que los presupuestos del Estado superaron el jueves su primer trámite en el Congreso de los Diputados. Una mayoría del pleno, con ERC y el PDeCAT, tumbó las siete enmiendas a la totalidad que se habían registrado (incluidas las de Junts y la CUP). Así, Sánchez veía allanado el camino para sus terceras cuentas y la guerra del independentismo se trasladaba a las Cortes españolas. Y es que los republicanos tienen una negociación en marcha con el Gobierno. El frente que no queda cerrado para el presidente es, sin embargo, la renovación del Poder Judicial.