El Partido Popular continúa su cruzada contra la escuela catalana. Los populares han registrado este lunes en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley para crear una Alta Inspección Educativa, un cuerpo de inspectores, que vigile la lengua castellana en las escuelas catalanas y castigue a los centros y la administración catalana si no se adaptan a la legislación española. También, aseguran, que estos inspectores se encargarán de que en los centros educativos no se adoctrine a los alumnos.

El texto expone que esta Alta Inspección Educativa garantizará que los alumnos puedan recibir una educación en la lengua oficial del Estado en cualquier sitio del territorio catalán. La iniciativa propone que los funcionarios de este cuerpo tengan la consideración de autoridad pública y puedan actuar de oficio o para denuncias particulares cuando "observen infracciones" que las trasladarán al Ministerio español, así proponiendo actuaciones y si son constitutivas de delito, las remitirán al Ministerio Fiscal.

Más duros que nunca

Según el PP, esta Alta Inspección también "comprobará" y revisará todo los currículums, libros de texto y material didáctico, y vigilará que las materias se imparten de acuerdo con lo que dice la ley estatal. Además, "verificarán" que los estudios cursados se suelten en lo que establece la visión de la legislación del Estado español. Según el texto, los populares quieren que se compruebe el cumplimiento de la normativa sobre las características de la documentación administrativa específica que se establezca para cada nivel de enseñanza, y también que controle que las subvenciones y becas se atienen a los criterios generales y eleve una memoria anual sobre la enseñanza a las comunidades autónomas.

El PP nunca había llegado tan lejos, ni siquiera cuando José Ignacio Wert era ministro, como para tirar un texto tan intrusivo y agresivo contra el modelo de la escuela catalana. El proyecto de Ley dice así: "Si las medidas adoptadas por el órgano competente de la comunidad autónoma resultaran insuficientes y persistan en la infracción, el Ministerio de Educación podrá, por sí mismo, poner en ejecución el precavido en la legislación estatal, llegando, si procede, privar de efectos oficiales a las enseñanzas afectadas y denegar la expedición de las titulaciones correspondientes".

Contra el Govern, también

La sentencia del Tribunal Supremo contra la inmersión ha dado alas en el PP para cargar nuevamente contra el Gobierno para mantener la mesa de diálogo con el Gobierno y sostener su estabilidad parlamentaria en formaciones independentistas como ERC y Eh Bildu. Desde Castelldefels, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha instado al presidente español, Pedro Sánchez, a romper con sus socios si no cumplen la Constitución, en clara referencia a la sentencia del alto tribunal español y también al proyecto independentista de la Generalitat y de la formación que lidera Arnaldo Otegi.

Así pues, Montserrat ha denunciado "cinismo" por parte de Sánchez a la hora de pedir que se cumpla la Constitución "de pe a pan". "Eso mismo le exigimos, que haga cumplir a sus socios la Carta Magna, empezando por el artículo 1 de defensa de la unidad territorial y, si no lo hace, que rompa sus pactos con ellos," ha remarcado.

Imagen principal: Pablo Casado presidiendo la mesa del Partido Popular. - Europa Press