A disgusto, a regañadientes e incluso con una pinza en la nariz. Así se han referido varios diputados del PSOE y Unides Podem en su voto favorable al candidato de Partido Popular (PP) al Tribunal Constitucional (TC), Enrique Arnaldo. Tanto socialistas como comunes han excusado sus acciones en la responsabilidad democrática y han señalado que la responsabilidad es de los populares, los cuales propusieron un candidato con un pasado reprobable, pero nada más lejos de la realidad. El PP no solo no se responsabiliza sino que carga contra los dos partidos en el Gobierno.
El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Pablo Hispán, ha tildado de "grotesco" que tanto el PSOE como Unidas Podem hayan cuestionado el nombramiento d'Enrique Arnaldo para el Tribunal Constitucional y ha pedido que dejen de someter esta institución al "pim palmo pum" político, según recopilación Europa Press.
"Puede haber polémicas espurias, sin embargo tanto el Congreso como el Tribunal Constitucional, dos instituciones diferentes, han reconocido la idoneidad" de Arnaldo, que es catedrático de Derecho Constitucional y letrado de las Corts durante más de 30 años, ha insistido el diputado.
Cumplir "con elegancia"
Sin asumir ninguna responsabilidad y cargando contra los adversarios, esta ha seguido siendo la estrategia del PP. Por si eso no fuera poco, los populares han tenido la confianza en reprochar a los socialistas y a los comunes que no cumplieran el pacto con elegancia.
"Los pactos hace falta cumplirles con elegancia y lealtad, y no con espectáculos grotescos como los que han dado a algunos diputados del PSOE y Unidas Podemos, que son impresentables", se ha quejado.
El pasado de Arnaldo
Arnaldo recopila un currículum extremadamente extenso de irregularidades en su trayectoria. Destacan especialmente como compaginó su trabajo como coordinador jurídico de varias comisiones del Congreso con el trabajo de su despacho privado en la que hacía de asesor a varias administraciones lideradas por los populares, concretamente, en el gobierno balear de Jaume Matas. Se trata de una práctica estrictamente prohibida por Estatuto del personal de las Cortes Generales.
El magistrado actuó de forma similar cuando infringió la Ley Orgánica de Universidades durante años con el fin de poder cobrar de dos universidades una pública y la otra privada. Los hechos serían constitutivos de una infracción administrativa de carácter muy grave, que podría comportar la suspensión de trabajo y sueldo públicos entre tres y seis años.
Este no es el único hecho del pasado de Arnaldo que ha hecho saltar las alarmas. El nombre del magistrado aparece en torno al caso Palma Arena, el caso Lezo y también está vinculado en la FAES, para la cual ha hecho varios actos.
Imagen principal: Enrique Arnaldo, nuevo miembro del Tribunal Constitucional, durante su comparecencia ante una comisión del Congreso de Diputados / Europa Press