El mismo día que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, se reúne con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Tribunal de Cuentas, está convocada la macroreunión para rendir cuentas del procés independentista. El organismo de control externo, que no tiene nada que ver con los tribunales judiciales, sino que se trata de la máxima figura fiscalizadora de las cuentas y la gestión económica del sector público, ha citado a 42 ex altos cargos independentistas, entre los cuales están los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont, además de los recientemente indultados Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva, para fijar la cantidad a la cual asciende exactamente la liquidación provisional por su responsabilidad contable en el presunto desvío de fondos para las llamadas embajadas catalanas y el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, el Diplocat.

La cantidad podría llegar a los 5,4 millones de euros. Sale de sumar el gasto del Diplocat y los 4,1 millones de euros que ya calculó que costó el referéndum del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista.

Registro en el Diplocat - Sergi Alcàzar

El proceso en el Tribunal de Cuentas coge fuerza justo después de los indultos a los presos políticos y un nuevo camino que pretende empezar el Gobierno con el Govern Aragonès y que no sólo tiene hoy una primera reunión, sino que tiene en el horizonte inmediato la mesa de diálogo. Un inicio de diálogo que choca con las pretensiones del Tribunal de Cuentas de mantener vivo el proceso contra el procés y contra los que lo hicieron posible. El ministro José Luis Ábalos admitía la semana pasada que este nuevo caso de persecución supone una "piedra en el camino" del diálogo entre el Estado y la Generalitat que justo se reactiva. En cambio, Pedro Sánchez evita cuestionar este órgano. También descarta dar instrucciones a la Abogacía del Estado.

El guion previsto

En el trámite de este martes se ha citado a los representantes legales de estas más de cuarenta personas para comunicarles la cuantía, que, inicialmente, la instructora del órgano fiscalizador considera que desviaron en esta red de embajadas, y se les comunicará la fianza que se impondrá para responder a una posible condena.

Están citados a las 9.30 h. No se trata de ninguna comparecencia, sino de una reunión con todas las partes: todos los abogados de los 42 acusados, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución que son la acusación particular y los que presentaron la denuncia a finales del 2018, además de los representantes legales de la Generalitat, del Diplocat. Se prevé que la reunión se alargue hasta por la tarde de este martes y que se tenga que reanudar este miércoles por la mañana para acabar todos los trámites.

Después de la reunión de esta semana es cuando se pueden presentar alegaciones para ajustar algunos de los conceptos reclamados y la cantidad podría ir a la baja, como pasó con el Diplocat, que se fijó después de las alegaciones. Esto ha permitido ajustar a la baja algunas cantidades reclamadas e incluso sacar a determinadas personas de la liquidación, según las fuentes consultadas.

Los altos cargos citados

Concretamente, se ha citado a los expresidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont; a los exconsellers de Presidència Francesc Homs, Neus Munté y Jordi Turull; a los exconsellers de Economia Andreu Mas-Colell y Oriol Junqueras, y al exconseller de Afers Exteriors i Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (DAERIT) Raül Romeva.

Artur Mas ya afrontó un proceso en el Tribunal de Cuentas por el 9-N - EFE

También están citados los que fueron secretarios generales Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Lluís Bertran, Albert Carreras de Odriozola, David Mascort Subirana, Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro y Pau Villoria; las interventoras generales de la Generalitat Maria Vidal Ortí y Rosa Vidal Planella, y los interventores delegados, Jordi Serra Català, Javier Acín Biota, Virginia Astigarraga Pallarés y Francesc Cubel Creus.

También están en la lista de presuntos responsables contables, el secretario general del Diplocat, Albert Royo, y los delegados de la Generalitat de Catalunya en Alemania, Reino Unido, Francia, Ginebra, Polonia, Estados Unidos, Italia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Austria y ante la Unión Europea.

Ninguno de ellos tiene la obligación de comparecer personalmente en la sede del Tribunal de Cuentas, de hecho, lo harán a sus abogados, a los cuales se les informará del detalle de la reclamación de las cantidades presuntamente desviadas.

El informe del tribunal

El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el 28 de marzo de 2019 un "informe de fiscalización relativo a la destinación dada a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Catalunya, correspondientes a los ejercicios 2011-2017", a instancia de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Este informe revela que se detectaron gastos no justificados, subvenciones 'a dedo' y contratos fraccionados para eludir controles. El fiscalizador concluyó que buena parte de estos fondos públicos se usaron para promocionar en el extranjero el desafío independentista, incumpliendo la legalidad e invadiendo competencias del Estado.

El Tribunal Cuentas ya advirtió que es imposible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto, 416 millones en acción exterior entre 2011 y 2017, ya que las llamadas 'embajadas' disfrutaban de autonomía financiera y no tenían control, y todo eso derivó en actuaciones al margen de su marco competencial y fuera de su ámbito geográfico, incumpliendo por lo tanto sus funciones.

De hecho, ha asegurado no disponer de documentación justificativa de gastos de las 'embajadas' por un importe de 302.794 euros, sobre todo del Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Croacia y Polonia, y detectó pagos de 171.613 euros que resultan injustificados y que incluyen gastos privados, pagos a personas ajenas a las delegaciones, etc.

 

Imagen principal, el exconseller Andreu Mas-Colell / ACN