Más movimientos. Después de semanas de desconcierto, Junts finalmente se ha pronunciado: no dará apoyo a la modificación de la Ley de Política Lingüística. Los de Carles Puigdemont, pues, retroceden. Y es que a finales de marzo pactaron, junto con Esquerra Republicana, el PSC y los Comuns, modificar esta normativa con el objetivo declarado de proteger las escuelas ante la sentencia del 25% del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Un movimiento, sin embargo, que fue acompañado de críticas de parte del sector independentista, y que hizo dudar a Junts. Finalmente, y después de un mes y medio reproches y avisos públicos y privados, la formación se ha decantado por retirar su apoyo del acuerdo por el catalán por la falta de "consenso" con las plataformas sociales. Delante de eso, los Comuns han pedido esta tarde a ERC y el PSC ponerse de acuerdo con el fin de forzar un pleno extraordinario la próxima semana que permita aprobar este acuerdo.

Pero esta no ha sido una opinión compartida por los socialistas. Esta tarde, la portavoz del PSC, Alícia Romero, se ha desmarcado de esta opción, y ha dicho que antes de posicionar tienen que debatirlo entre las tres formaciones. "Los Comuns no nos han convocado todavía a ninguna reunión", ha explicado. Eso sí, ha lanzado un aviso contundente hacia las dos formaciones, pero que se dirigía especialmente hacia los republicanos, que son los más propensos a desmarcarse una vez se quedan como la única formación independentista, y Junts y la CUP se oponen firmemente. "Esperamos que todo el mundo esté a la altura y que nos mantengamos en el acuerdo del 24 de marzo para hacer todo lo posible y tirarlo adelante", ha clamado. "Es importante que todo el mundo se mantenga después de la descolgada de Junts. Se tiene que mantener y salir adelante".

En este sentido, ha continuado con los reproches hacia los de Carles Puigdemont, acusándolos de tacticismo y de perder el norte. "No se puede jugar con el catalán y utilizarlo como un arma arrojadiza"; por el contrario, ha reivindicado al PSC como un partido "fiable". Más allá, ha querido remarcar que el acuerdo a que llegaron los socialistas con ERC, Junts y Comuns todavía es bueno, aunque uno de los integrantes lo haya abandonado, si bien no ha descartado modificarlo si alguna formación lo pide. "Si hay algún grupo que quiere presentar alguna mejora, estamos abiertos a plantearlo, pero hasta ahora no se ha hecho". Una buena noticia para los republicanos, que podrían acabar de tocar algún elemento, que ha quedado manchada cuando Romero ha afirmado que el acuerdo servirá para acatar la sentencia del 25%, en contra de la retórica que usan los independentistas. "Todo lo que no sea cumplir la sentencia no se nos encontrará".

 

El argumento de Junts

La formación de Carles Puigdemont ha argumentado dos motivos para descabalgarse definitivamente de esta propuesta por el catalán: "Porque no hay consenso con el sector educativo de la lengua y porque no para un fallo judicial que impone 25% en las aulas". Precisamente, este lunes el TSJC emitió un auto al Departamento de Educación para que "cumpla de forma inmediata" la sentencia del 25% del castellano en todos los centros educativos de Catalunya, y en un plazo máximo de 15 días. Junts asegura que comparte la necesidad de parar la injerencia de los tribunales en las aulas, pero "siempre que las medidas se hagan por consenso" con las entidades de protección de la lengua y con los docentes. "No se puede hacer política de espalda a las entidades educativas y lingüísticas", ha advertido.

La dirección de la formación independentista se ha reunido para acordar el posicionamiento después de que durante los últimos días y hasta ayer mismo, tanto ERC como el mismo PSC y los Comuns han presionado el partido para que volviera al pacto a que se llegó el 24 de marzo para reformar la ley y del cual se desmarcó a raíz de las protestas de las entidades en defensa de la lengua. Junts ha trasladado ya su decisión a ERC y al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y ha anunciado que planteará una propuesta concreta para responder a la ofensiva judicial contra la lengua.