Después de que hace dos semanas se revelara el CatalanGate, el masivo caso de ciberespionaje que ha afectado a una sesentena de personalidades vinculadas al movimiento independentista, todavía no se ha aclarado nada. De hecho, ayer mismo el Congreso de los Diputados torpedeó el intento de abrir una comisión de investigación en la cámara española para estudiar los hechos con el voto en contra del PSOE, aunque el lunes se informara que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también fueron espiados con el mismo software. Ante la negativa de Madrid, los partidos catalanes no se han quedado quietos: Esquerra Republicana, Junts, la CUP y los Comuns anunciaron ayer que iniciarán una comisión de investigación al Parlament de Catalunya con el fin de aclarar el CatalanGate.
Después del anuncio, la diputada de ERC, Raquel Sans, se dirigió a los socialistas para instarlos a sumarse a la propuesta del Parlament. "Hay que preguntarles si se suman a la democracia y a la transparencia o al espionaje y a las cloacas del Estado", advirtió. Ahora bien, hoy la portavoz del PSC, Alícia Romero se ha pronunciado en la línea contraria. "No apoyaremos la comisión de investigación", ha afirmado con contundencia. "No es la vía una comisión abierta donde todo el mundo puede estar y donde las personas que tendrían que comparecer no estarán y no podrán explicarse". Y, de hecho, ha querido preguntarse por qué los partidos del gobierno catalán apuestan en esta ocasión por una comisión parlamentaria, y, en cambio, "otras veces" no lo han hecho.
Alícia Romero ha querido justificar el posicionamiento de su formación, y lo ha hecho aunque el Congreso de los Diputados tumbara la comisión de investigación en la cámara baja con el voto del PSOE. "Estamos a favor de la transparencia y que se investigue todo hasta el final, lo ha dicho Salvador Illa y ya lo está haciendo el Gobierno a través de cuatro vías", ha señalado. En concreto, lo hace con una investigación interna del CNI, la comisión de secretos oficiales, la investigación del Defensor del Pueblo y la vía judicial. "Se han puesto en marcha organismos e instrumentos para aclarar los hechos. Damos apoyo en las vías del gobierno de España", ha explicado.
El acuerdo del catalán, paralizado
Con respecto al acuerdo entre PSC, ERC, Junts y Comuns que tenía que servir para blindar el catalán y que se presentó a finales de marzo, este se estanca. De momento tampoco se abordará la aprobación de la modificación de la ley de Política Lingüística al pleno de la próxima semana, después de que en la Junta de Portavoces de este martes se haya decidido no incluirlo. El portavoz de En Comú Podem, David Cid, ha propuesto a la reunión que esta cuestión se aborde en el próximo pleno de la cámara previsto para la semana que viene, pero ningún otro grupo parlamentario se ha sumado. Situación similar pasó en la Junta de Portavoces de hace dos semanas cuando ningún partido pidió incluirlo porque no había acuerdo con Junts, que reclama que haya consenso social antes de llevarlo a aprobación. Así pues, es la tercera vez desde que se anunció el acuerdo a finales del mes de marzo que se acaba posponiendo.
Ante esta realidad, la portavoz del PSC ha dicho que no se han sumado al intento frustrado de los Comuns porque entre las dos formaciones no suman mayoría a la Junta de Portavoces, ya que necesitarían el apoyo de Esquerra Republicana o de Junts para llevar el acuerdo a la votación del pleno. Así, se ha abierto a dar 15 días más a Junts, pero los ha advertido ante la actual parálisis: "No puede utilizar el catalán como un arma arrojadiza entre las diferentes facciones y núcleos". Y es que ha recordado que dentro de un mes la formación se enfrenta a un congreso que tiene que relevar al presidente, Carles Puigdemont, y al secretario general, Jordi Sànchez. "Damos 15 días más para el consenso, pero en 15 días este tema se tiene que llevar. Hemos dado un margen de empatía, pero hay que tramitarlo cuanto antes mejor", ha lanzado.