Rafael Ribó ha presentado su último informe anual como síndic de Greuges ante el Parlament. Entre las conclusiones que plantea el documento, Ribó advierte que "se tiene que conseguir un derecho efectivo al autogobierno con plena disposición para el gobierno compartido en los ámbitos catalán, español y europeo". En este punto, Ribó insiste de nuevo que "las demandas de libertad políticas no pueden estar nunca confrontadas con el Código penal". El síndic entregó ayer a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el informe y hoy lo presenta en rueda de prensa.
Después de 17 años al frente de la Sindicatura, finalmente, los partidos han conseguido pactar el nombre de la abogada Esther Jiménez Salinas para sustituirlo en el cargo. El relevo de Ribó llega, además, después de que los últimos años el Síndic se ha visto fuertemente cuestionado por los partidos unionistas a raíz de su denuncia que ha protagonizado contra la represión del Estado y la existencia de presos políticos.
El informe dedica un apartado a derechos civiles y políticos. Se refiere aquí a la decisión del gobierno español de dar luz verde a los indultos de los presos políticos; recuerda el informe del Consejo de Europa donde se reclama un "tratamiento político -no penal- del conflicto" entre el Estado y el independentismo y del cual el síndico ha pedido un seguimiento por parte del Parlament; y garantiza también el seguimiento de las investigaciones sobre actuaciones policiales desproporcionadas.
Defensa de la inmersión
También aborda el debate sobre la inmersión lingüística, después de describir este sistema pedagógico como un "factor de cohesión y vertebración social apartidista durante décadas". "Este buen sistema está hoy amenazado por ataques demagógicos que menosprecian la realidad y el consenso social y científico en torno a la enseñanza", reprocha. Advierte que la imposición del 25% de castellano en la escuela "interfiere el marco jurídico vigente" y obvia que "el castellano ya es en realidad lengua vehicular en nuestro sistema educativo".
El informe del Síndic, como es habitual, tiene un carácter esencialmente social. Aborda la situación provocada por la pandemia del Covid-19, con especial atención a las quejas provocadas por las afectaciones en la atención primaria y en las listas de espera. Por esta razón, la primera de las conclusiones plantea "la necesidad de dedicar más recursos a la atención primaria, a la consideración y profesionalización del personal sanitario, a la investigación y a la renovación tecnológica".
En el capítulo de educación, alerta que el Pacto contra la segregación escolar se está desplegando de manera más lenta de lo que estaba previsto. "El combate frontal contra la segregación es una garantía de la equidad en la educación", advierte.
Asimismo, exige una "dedicación urgente a los desajustes del pilar social". En este punto reclama "prestaciones accesibles y universales, con políticas de acompañamiento especialmente para las personas mayores y estructurales ante discriminaciones como las de género".