La transparencia tiene que mejorar y las solicitudes de acceso a la información tienen que ser resueltas con más eficacia. Es el mensaje que ha lanzado el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en el Parlament, al cual ha pedido que publique de forma proactiva aquella información de puede tener interés para la ciudadanía: "Todo acuerdo que se tome en esta institución tendrá que ser púbico", ha dicho durante la presentación del informe sobre transparencia del 2021, y después de un inicio de año marcado por polémicas, principalmente por las licencias por edad de los trabajadores del Parlament, que cobraban sin trabajar en los últimos años de su vida laboral.
En este sentido, durante una rueda de prensa en el Parlament este lunes por la mañana, Ribó ha considerado que la situación creada a raíz de la información periodística sobre las licencias por edad, ha puesto de manifiesto la conveniencia de publicar proactivamente también los acuerdos que se toman con los trabajadores de la cámara: "Sería bueno que no quedara ningún rincón de este tipo de actividad pública en que no fuera publicado por el propio Parlament".
Ribó ha hecho estas declaraciones después de entregar al Parlament el informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Aunque el caso de las licencias por edad no corresponde al periodo analizado, ya que se hizo público el 2022, el informe lo incluye por la resonancia que tuvo. El documento presentado este lunes recoge que en torno al 20% de solicitudes de acceso a la información planteadas en el marco del test del solicitante oculto quedaron en el 2021 sin respuesta, a pesar de haber requerido la entrega en todos los casos una vez agotada. "Es una cifra inaceptablemente alta", ha proclamado, y ha pedido crear unidades de información y adaptar el procedimiento de acceso para contribuir a mejorar estos datos.
"Me preocupa que hay demasiadas solicitudes de acceso a la información que pueden quedar sin respuesta", ha señalado Ribó, que también se ha mostrado preocupado para la lentitud a la hora de hacer efectivo el derecho a la información. Entre las dificultades que detecta está el desconocimiento del propio derecho por parte de amplios sectores de la sociedad, tanto de su contenido como de las maneras para ejercerlo. "No hemos hecho suficientemente los deberes para hacer conocer a todo el mundo que este derecho existe", ha advertido, y ha propuesto que las administraciones dispongan de canales de comunicación con la ciudadanía para garantizar la interlocución e ir más allá de consultas puntuales.