El Síndic de Greuges ha alertado que el aumento de la financiación en políticas de infancia no ha comportado una mejora significativa en el disfrute de derechos de los niños. Así lo ha expuesto en un informe presentado por el mismo Síndico, Rafael Ribó, este martes en el Parlament después de haberlo entregado a la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, con la adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, M. Jesús Larios.
En este contexto, el informe del Síndic destaca que en los últimos seis años la inversión en políticas de infancia ha aumentado de manera sostenida en un 42,7% a precios corrientes, cerca de 1.895 millones de euros. A pesar de este incremento de la inversión pública y los avances normativos alcanzados, el Síndic alerta que no se han conseguido en la práctica generar los cambios necesarios para conseguir mejoras lo suficiente significativas en los principales retos relacionados con el disfrute de derechos de los niños.
Un ejemplo que ha puesto el Síndic ha sido que mientras se ha incrementado en más del 50% el número de niños beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía (RGC), la prevalencia de la pobreza infantil sigue aumentando. "La crisis económica derivada de la pandemia ha supuesto un incremento muy significativo del riesgo de pobreza infantil. El año 2020 ya afecta al 33,4% de los niños, lo cual supone un aumento de 5,4 puntos respecto del año 2019", concretan.
En este sentido, el Síndic ha reclamado la regulación de una renta de suficiencia económica garantizada para los niños y un sistema integrado de prestaciones económicas para combatir la pobreza infantil.
Otros ejemplos de la bajada de derechos
En la rueda de prensa, Ribó ha destacado otros aspectos preocupantes en la bajada de los derechos de los niños como la salud mental, "que se ha evidenciado como un problema grave y que se ensancha en el campo de los niños y los adolescentes", la lentitud a la hora de desplegar el Pacto contra la segregación escolar, el estancamiento de la reducción del abandono educativo prematuro en Catalunya y el poco efecto del aumento de recursos destinados a la "provisión de vivienda de emergencia social" para evitar las situaciones de exclusión residencial.
Por otra parte, el informe pide el cierre y la transformación de los centros de educación especial y la mejora de la provisión de recursos destinados a la consecución de la educación inclusiva, y recuerda que "falta un cambio cultural de paradigma en la práctica profesional para la aplicación del modelo de educación inclusiva". Por último, el texto denuncia el incremento de desigualdades de acceso al ocio educativo y la existencia de agresiones homófobas, racistas y sexuales, "que están fuertemente invisibilizadas", y lo poco que se usan los protocolos por combatirlo en los centros educativos.
Imagen principal: el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en una imagen de archivo / Foto: ACN