Tanto la aplicación del estado de alarma, como las diversas medidas tomadas por los gobiernos durante la pandemia han sido cuestionadas en reiteradas ocasiones. Esta vez ha sido el síndico de Greuges, Rafael Ribó, quien ha alertado de "vulneración de derechos" durante la pandemia. Lo ha denunciado en su informe del 2020 presentado este miércoles al pleno del Parlamento de Catalunya.
Ha añadido que el 2020 ha sido un año que ha batido récord de denuncias "por la gravedad de la crisis de la covid", que asegura que ha evidenciado la vulnerabilidad, precariedad y pobreza de determinados grupos sociales.
Derechos afectados
El derecho de reunión y manifestación son los que principalmente se han visto afectados con la aplicación del estado de alarma. Además, se han disparado las cifras de abusos racistas y de violencia machista, assegura. Ribó ha puesto sobre la mesa estas carencias así como la necesidad de la necesidad de "no persecución policial" por motivos políticos.
Asimismo, ha apelado al Parlamento a poner en marcha los mecanismos de renovación del síndico y "no caer en mentiras para forzar la renovación". Lo ha expresado con relación a la alerta de la Sindicatura de cuentas de un fraccionamiento indebido que detectó en un contrato del síndico de Greuges, en una informa sobre la entidad del ejercicio de 2019.
Desigualdad social
Sobre la desigualdad social, el síndico ha reclamado aumentar el presupuesto y "mejorar así la retribución, las infraestructuras, más recursos humanos y materiales, y una mayor inversión en atención primaria" y la necesidad de abordar la salud mental.
También ha hablado de brecha digital, de no igualdad en el acceso a los recursos educativos y de la necesidad de vivienda "para satisfacer la demanda de la gran mayoría de las capas sociales".
Igualmente, ha exigido revisar al modelo actual de residencias y atención a las personas mayores, ha criticado que el despliegue del ingreso mínimo vital fue insuficiente.
Reproches al pleno
Unas afirmaciones que han generado reticencias a la cámara catalana. El PSC lo ha acusado de "no ejercer el cargo con neutralidad política".
Por el contrario, Junts ha admitido que el informe refleja un retroceso en derechos y una ralentización del bienestar y del progreso, y ha asegurado que los Presupuestos de 2022 del Gobierno quieren dar respuesta a esta situación: "Es responsabilidad de todos oír los gritos de alerta de este informe".
El estado de alarma
En este sentido, hace unos meses, el Tribunal Constitucional (TC) ya sentenció al estado de alarma aplicado por el Gobierno al considerar que las medidas restrictivas que se implantaron estaban permitidas por el estado de excepción, pero no por el de alarma.
Imagen principal: El síndico de agravios, Rafael Ribó en el Parlamento / Europa Press