Ya hay veredicto: todo queda como acordó el Consejo de Ministros. El Tribunal Supremo ha dado luz verde a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Después de reunirse para deliberar este martes por la mañana, los seis magistrados de la sala de lo contencioso-administrativo han tumbado el recurso presentado por la familia del dictador. Los planes del Gobierno para sacar los restos de Franco del mausoleo se ajustan a derecho y serán trasladados al cementerio de El Pardo-Mingorrubio. Fuentes del alto tribunal señalan que la decisión ha sido adoptada por unanimidad de la sala. Sin embargo, aún queda un procedimiento abierto por la licencia urbanística en un juzgado madrileño.

Ha bastado con una hora de deliberación. Entre los magistrados no había discrepancia sobre que el traslado del cuerpo del dictador estaba amparado por la ley de memoria histórica. En cambio, sí había debate sobre el lugar de la inhumación. Los nietos de Franco reclamaban que fuera llevado a la catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid. Finalmente, el alto tribunal ha avalado los planes del gobierno español que la inhumación sea en El Pardo, donde también está enterrada su mujer, Carmen Polo.

Según fuentes del alto tribunal, el magistrado ponente, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, ha acudido a la reunión con un borrador, que ha sido asumido por los otros cinco magistrados. De momento sólo se ha conocido la decisión de la sección de la cuarta de la sala tercera del Supremo, pero aún no han trascendido los argumentos jurídicos que lo avalan.

Pero aún no se han superado todos los obstáculos. Ahora el juez contencioso-administrativo número 3 de Madrid, José Yusti Bastarreche, deberá decidir si mantiene las medidas cautelares urgentes que paralizaron la licencia de obras para el levantamiento de la losa bajo la que se encuentran los restos del dictador. La vista está prevista para finales de octubre. Es el último escollo del Gobierno, que tiene previsto hacer el traslado del cadáver antes de que comience la campaña electoral, el 1 de noviembre. El Consejo de Ministros deberá acordar una nueva fecha. Inequívocamente ha sido una victoria de Pedro Sánchez.

"Ni Valle ni Almudena"

Mientras los magistrados del Tribunal Supremo deliberaban, varias organizaciones de memoria histporica se han concentrado ante el alto tribunal para conocer la decisión. Desde allí exigían que el cuerpo del dictador no permaneciera en el Valle de los Caídos, pero que tampoco fuera trasladado a la Almudena, como reclamaba la familia. Los portavoces de las entidades también han denunciado el carácter "franquista" de la monarquía borbónica y el sistema judicial español.

Esperando más de un año

La exhumación ya estaba programada para el 10 de junio, pero una semana antes el Tribunal Supremo paró el procedimiento. En su reunión del 4 de junio, la sección cuarta aceptó por unanimidad las medidas cautelares solicitadas por el entorno del dictador, a la espera de resolver el recurso presentado ante el alto tribunal. Es lo que ahora han debatido los magistrados, con el juez Pablo Lucas Murillo de la Cueva como ponente. Era el gran obstáculo del gobierno Sánchez para hacer efectiva su promesa de sacar a Franco del Valle de los Caidos.

El pasado marzo, la vicepresidenta Carmen Calvo anunció que había ha concluido el procedimiento administrativo para la exhumación de los restos del dictador, que empezó en agosto del año pasado. El ejecutivo estableció la fecha y el lugar de la inhumación: el 10 de junio. "Es de obligado cumplimiento para cualquier gobierno", respondió sobre un hipotético cambio de gobierno después de las elecciones del 28-A. No cambió de color la Moncloa, pero se encontraron con la paralización cautelar del Supremo, después de que la familia presentara un recurso ante el alto tribunal. Ahora ese obstáculo ya no existe.

En total se habían planteado cuatro recursos ante el Tribunal Supremo contra la iniciativa del Gobierno de exhumar al dictador. Fueron presentados por los nietos de Franco, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), la comunidad benedictina y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos.