La Sala de lo penal del Tribunal Supremo (TS) declara extinguida la responsabilidad del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez después de que haya cumplido condena. En el auto emitido este miércoles, el magistrado Miguel Colmenero ha confirmado que Rodríguez ya ha abonado la multa y ha cumplido la pena de inhabilitación especial de un mes y 15 días, la cual comportó que perdiera el escaño en el Congreso, que le impuso el mismo Supremo para creer probado que agredió a un policía en una manifestación. A pesar de eso, fuentes del Supremo han asegurado a Europa Press que aunque se hayan extinguido las responsabilidades penales, eso no significa que el exdiputado pueda recuperar su escaño. Por el contrario, el político canario hace semanas que exige que se le devuelva el asiento al Congreso y ha elevado su caso al Constitucional, donde ha acusado la presidenta a Meritxell Batet, "de inventarse todas las justificaciones para expulsarlo.

Responsabilidad

Así, y de acuerdo con el artículo 130.1 del Código Penal, la responsabilidad criminal de Rodríguez se ha extinguido en el momento que ha cumplido la pena de inhabilitación especial de sufragio pasivo y ha pagado la multa que se le impuso. Pero eso no significa que queden extinguidas las consecuencias que en el ámbito parlamentario haya tenido su condena, es decir que no supone que Rodríguez pueda recuperar su escaño, advierte el Supremo. Por su parte, Rodríguez ya exigió Batet por carta que se le devolviera "porque no existe ya ninguna pena pendiente de cumplir". Por otra parte, la Presidencia de la Mesa del Congreso de momento no parece tener intención de devolverle el escaño: a finales del año pasado, y a pesar de no tener ningún poder para hacerlo, el portavoz de los socialistas, a Héctor Gómez, aseguró que "cuando una sentencia retira la condición de diputado, tiene que entrar el siguiente en la lista".

Defensa

Sin embargo, eso no ha parado al exdiputado canario. Su defensa, liderada por el abogado Gonzalo Boye e Isabel Elbal, ha elevado el caso al Tribunal Constitucional, al que solicita recurso de amparo y medidas cautelares. Así pues, señala como principal culpable la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a quien acusa "de inventarse todas las justificaciones por haberlo expulsado, incluso ahora que ya ha cumplido la pena en forma de multa interpuesta. En el escrito, detalla cronológicamente toda la sucesión de los hechos y lamenta que "Batet en ningún momento ha contestado nada de lo que se le ha planteado". Incluso, la defensa recuerda cómo el mismo Manuel Marchena, presidente del Tribunal Supremo, justificó cuándo Batet le preguntó por Rodríguez, que "su órgano no tenía potestad" política para decidir si tenía que ser expulsado de su escaño y le recordaba a la presidenta que la resolución del caso ya había quedado dictada con las consecuencias penales. Pero eso no es todo. Batet también se dejó aconsejar por los letrados del Congreso el pasado 18 de octubre de 2021. Estos trasladaron a la presidenta que no podía haber "ninguna consecuencia extra penal que afectara a la condición de diputado del señor Rodríguez, con ninguno de los supuestos."