Ya vuelve. El Tribunal Supremo ha vuelto a abrir juicio oral a la diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad. Concretamente, la cupaire será juzgada por haberse negado a responder las preguntas de Vox durante el juicio a los líderes del procés en el mismo Tribunal Supremo. Con todo, este es el paso previo para que Reguant tenga que personarse en el tribunal, a falta de concretar la fecha de este nuevo juicio. En un tuit, la diputada anticapitalista ha reaccionado a la noticia, lamentando que se haya enterado por los medios de comunicación: "Antes que notificar a mi abogado, el Tribunal Supremo ha tirado de nota de prensa para informar de que me abre juicio oral por haber señalado que aceptar la presencia de quién niega derechos fundamentales en el marco del juicio al TS ya era una declaración de intenciones".
No es la primera vez que se le abre juicio oral por esta causa. De hecho, a finales de enero el Supremo anunció que juzgaría a la diputada el 1 y 2 de marzo. Entonces, la fiscalía le había pedido seis meses de prisión e inhabilitación por un delito de desobediencia grave; ahora, la petición es de cuatro meses de prisión e inhabilitación especial por el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Ahora bien, el alto tribunal anuló la primera vista convocada contra Reguant por un error en la tramitación de la causa: como obtuvo el acta de diputada en marzo del 2021, la finalización de su procedimiento tendría que haberse hecho al alto tribunal y no en un juzgado de Madrid. Ahora, el Supremo ha designado a una nueva instructora, la jueza Carmen Lamela, que ha acordado volver a abrir juicio oral.
Lamela considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de desobediencia grave y remarca que Reguant actuó sabiendo las consecuencias que podían tener y "asumiéndolas, después de ser advertida por el presidente del tribunal del juicio del procés, Manuel Marchena. Por esta acción, la diputada (y el también cupaire Antonio Baños) ya recibió una multa de 2.500 euros, cuando era concejala del Ayuntamiento de Barcelona, pero ahora tendrá que afrontarse al juicio oral. Es por eso que su defensa considera que ya fue castigada por esta supuesta desobediencia y no se la puede sancionar dos veces por los mismos hechos.
Acto de apoyo en Madrid
El 1 de marzo, día que tenía que celebrarse la primera jornada de su juicio, el independentismo se reunió en Madrid para dar apoyo a la cupaire. En declaraciones a los periodistas antes de entrar en el Tribunal Supremo, donde estaba citada sobre las diez y media, Eulàlia Reguant defendió que volvería a hacer "exactamente lo mismo" que hizo hace dos años, porque "señalar el fascismo en el juicio del 1-O es un deber que tenemos". También denunció la "connivencia histórica" entre la justicia española y la extrema derecha, hecho que no le hace tener ninguna confianza en una sentencia justa. A pesar de todo, dijo estar "tranquila y convencida".
Lo mismo denunciaron los diputados de otros partidos independentistas que se habían acercado a darle apoyo. Marta Vilalta (ERC) criticó que "continúa la causa general contra el independentismo" pero advirtió de que "la represión no sirve para parar a un movimiento tan fuerte". Pilar Calvo (Junts) defendió que hay que acabar con el gobierno de las togas. Genós Boadella (PDeCAT) cuestionó la acusación y las penas que se le piden, que son "totalmente injustas y desproporcionadas". Apoyando a Reguant también había Jon Iñarritu (EH Bildu), Gerardo Pisarello (Comuns) y Vicenç Vidal Matas (Més per Mallorca).