La fiscalía lo pidió y hoy el Tribunal Supremo ha abierto la investigación contra la diputada de JxCat Laura Borràs, por supuestas irregularidades en adjudicaciones cuando estuvo al frente del Institut de les Lletres Catalanes entre 2013 y 2018.

Todavía no hay fecha de citación para que declare en el Tribunal Supremo.

La sala segunda del Tribunal Supremo, la misma que juzgó el procés, ha abierto hoy el procedimiento penal contra Laura Borràs para investigar los indicios de varios delitos que, según dice el tribunal, fueron "apreciados" por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona cuando la diputada era directriz de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El hecho de que Borràs sea ahora a la portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados la hace aforada y hace saltar el caso al alto tribunal.

El tribunal ha designado ya instructor de la causa. Será el magistrado de la propia sala segunda Eduardo de Porras, según el turno que ya está preestablecido, pero el tribunal está formado por Manuel Marchena, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Juan Ramón Berdugo, Vicente Magro Servet y Susana Polo García.

El Supremo destaca que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por el Juzgado de Barcelona y atribuidos a Borràs "podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental". Y también remarca que esta valoración "necesariamente tiene que ser muy provisional".

 

El Supremo extiende su competencia, además de Borràs, a Isaías Herrero Florensa, el supuesto beneficiario de los contratos firmados por la portavoz de JxCat en el Congreso, por la "inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a la aforada", eso no quita, sin embargo, que finalmente el magistrado, según vaya la investigación, pueda decidir derivar el caso de Herrero de nuevo al juzgado de instrucción de Barcelona.

Los hechos

Los hechos que se investigan se sitúan entre los años 2013 y 2017 por el "fraccionamiento de contratos de prestación de servicios informáticos efectivamente prestados, reflejando importes y conceptos inventados, siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros, para, incumpliendo las normas aplicables, evitar el procedimiento administrativo pertinente para tratarse de trabajos que suponían la programación informática del portal de internet de la ILC durante un periodo superior a los cuatro años".

Eso según la investigación, que concluye que el objetivo era "poder acudir a la adjudicación directa con la intención de favorecer personalmente a Isaías Herrero Florensa, directamente o a nombre de otras entidades tras las que se ocultaba.

La investigación cuantifica el dinero adjudicado a Isaías Herrero o a las entidades "en las que se ocultaba", en 259.863,00 euros.