Nuevo golpe represivo contra el independentismo. Cuando no hace ni apenas una semana que el TSJC emitía sentencia de inhabilitación contra el diputado de la CUP Pau Juvillà, hoy la formación anticapitalista ha anunciado que el Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra Eulàlia Reguant por un delito de desobediencia cuando se negó a responder a Vox durante el juicio al 1-O, una acción que protagonizó junto al también entonces diputado Antonio Baños.

El Ministerio Fiscal pide por estos hechos una pena de prisión de 6 meses aparte de otros 6 meses de inhabilitación, en una acción que Reguant ha situado en rueda de prensa este mismo lunes como un "elemento más" de la voluntad del Estado de anular mediante procesos judiciales la voluntad política del movimiento independentista: "Hay que utilizar esta represión como un boomerang contra el Estado".

 

En el juicio, Reguant rechazó contestar a los ultras, a quién tildó de "machistas y xenófobos", y a pesar de prever las posibles represalias de sus acciones, pero decidió "asumir las consecuencias". Después de eso, el juez Marchena les impuso una multa de 2.500 euros. Posteriormente, se abrió una investigación en un juzgado de Madrid. En respuesta a eso, Reguant siguió defendiendo su derecho a negarse a responder las preguntas de Vox, un derecho que, según su opinión, recoge el artículo 418 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que comprende el hecho de que "ningún testigo podrá ser obligado a declarar sobre una pregunta cuya contestación pueda perjudicar material o moralmente".

Reguant ha hecho conocedor este nuevo anuncio hoy desde el atril del Parlament y acompañada de una amplia representación de los diputados cupaires. Uno de ellos, Xavier Pellicer, ha explicado que tienen noticia que esta semana se dará traslado de la petición a la defensa, Daniel Alemany, y este presentará un escrito de nulidad contra el procedimiento, "ya que ni juzgado ni fiscalía provincial podían sacar adelante esta causa", al ser diputada y, por lo tanto, aforada.

Ha sido el TSJC, según han explicado los cupaires, el órgano que ha notificado a la CUP que se abre el juicio oral en el Supremo, ya que al ser diputada y aforada, es el órgano competente en comunicarlo. Pero es el TS quien abre juicio oral porque el estatuto prevé que cuando los hechos hayan sido cometidos fuera de Catalunya será competente el TS, y con el caso de Reguant es todavía más claro, ya que la desobediencia se cometió físicamente en la sede del TS en Madrid.

 

Reguant ha defendido que la acción que hicieron tanto ella como Baños era una decisión colectiva y no individual contra el hecho que Vox, "que niega derechos fundamentales", formara parte de este proceso, un hecho que Reguant ha asegurado que mostraba que era imposible obtener justicia de aquel tribunal: "La acusación de Vox se convirtió en una herramienta más del Estado para construir un juicio político". El caso de Antonio Baños, que no es diputado y, por lo tanto, no está aforado, se ha quedado en el Juzgado de Instrucción de Madrid y discurrirá por la justicia ordinaria.

Asimismo, la diputada ha dicho que como eso es una causa colectiva, tomarán las decisiones de esta forma teniendo en cuenta que no son ni los primeros ni los últimos diputados represaliados, y en este sentido ha hecho mención de los republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó: "Nos ponemos a disposición del movimiento". También se ha reafirmado en la acción que llevaron a cabo no contestando a Vox, un partido que representa "valores reaccionarios del neofranquismo", por eso quisieron denunciar la presencia de la extrema derecha en la causa desafiando la ley y las autoridades establecidas: "El fascismo no puede tener cabida en una sociedad que se pretende justa".