El Tribunal Supremo no ve bastantes motivos para indultar a los condenados por el asedio al Parlament del 15 de junio del 2011. La alta magistratura ha emitido un informe desfavorable al indulto planteado por los ocho condenados a tres años de prisión por este caso. Sólo un magistrado se ha mostrado favorable, el mismo que les quiso absolver.

Los magistrados, que en su día condenaron y que ahora firman el informe –el presidente Manuel Marchena, José Manuel Maza, Francisco Monterde y Luciano Varela– argumentan que el delito contra las instituciones del Estado por el que estuvieron condenados afectó “el ejercicio pacífico de las funciones legislativas por los legítimos representantes del pueblo catalán”.

"La conducta de los condenados implicó un ataque a un pilar de nuestra estructura democrática, representada en este caso por el Parlamento, al vulnerar principios y valores esenciales de nuestra ordenación constitucional", enfatiza la Sala de lo Penal en su informe.

Según los magistrados, la actuación de los condenados "comprometió" una de las "manifestaciones de la soberanía popular", representada en un órgano legislativo de una comunidad autónoma, que es, "por definición, una de las sedes propias de la expresión del sistema parlamentario democrático, basado en la libertad y el pluralismo político."

Un magistrado, a favor

En cambio, frente a los cuatro magistrados que firman el mencionado informe, el magistrado Perfecto Andrés, que también era partidario de absolver, se muestra favorable a la concesión del indulto. En este sentido, ha emitido un informe discrepante por “un elemental imperativo de coherencia con el sentido de mi voto particular a la sentencia de condena”.

El magistrado Andrés considera que el artículo 498 del Código Penal, por el cual se condenó a los solicitantes del indulto, exige el uso de fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave, una cosa que, según este juez, no se produjo en los hechos probados. Asimismo, entiende que, con la lógica del legislador postconstitucional, “las conductas juzgadas están hoy destipificadas” y recuerda que “no han sido pocas las ocasiones –algunas, además, recientes y particularmente chillonas– que funcionarios policiales responsables de odiosos delitos de tortura se beneficiaron de generosas condonaciones de pena”.