La Sala II del Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 17 de septiembre la vista para resolver el recurso del president Quim Torra, condenado por no sacar la pancarta de los presos políticos del balcón de la Generalitat.
Torra presentó un recurso contra la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Catalunya del 19 de diciembre que lo condenó por un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público a un año y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, y que ahora tendrá que resolver el Supremo, la misma sala que juzgó a parte del Govern por el 1-O.
Si no hay ningún problema de última hora ni las medidas por la Covid-19 lo impiden, la vista al president de la Generalitat se hará en el Tribunal Supremo el 17 de septiembre, durará un día y será pública.
En la vista se leerá un resumen del recurso que presentó Torra e intervendrán su abogado, Gonzalo Boye, y el fiscal. Se prevé que el tribunal resuelva según estas exposiciones días después.
El recurso
El escrito, de 307 páginas, pide al Supremo que "anule" la sentencia del TSJC, que lo inhabilita por un año y medio, y dicte otra nueva "absolviendo" al presidente del delito de desobediencia.
El documento enumera toda una serie de vulneraciones, hasta doce, que los abogados del presidente consideran que se han producido. La primera, el derecho a un juez imparcial. Concretamente, pone de manifiesto el sesgo de varios miembros de la Junta Electoral Central, así como del magistrado que instruyó el caso y del tribunal que lo juzgó, por sus posicionamientos públicos contra el procés. "Hablamos de una clara intencionalidad política que tiene serios indicios de constituir una palmaria persecución política, tanto de los denunciantes, que actuaban a instancias de sus adversarios políticos, como del tribunal", afirma el recurso.
Siguiendo este hilo argumental, denuncia que la única voluntad de todo el procedimiento ha sido "apartar ilegal e ilegítimamente al president Torra de los cargos que, democráticamente, ostenta". Es en este punto donde manifiesta que "el juicio oral no constituía un verdadero debate, porque el veredicto ya estaba predeterminado".