El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha confirmado dividido las condenas de tres años de prisión a los ocho condenados por el asedio al Parlamento de Catalunya de junio de 2011. El TC ha avalado la ponencia del conservador Antonio Narváez, partidario de ratificar la sentencia del Tribunal Supremo que los condenó.
La propuesta se ha aprobado sin unanimidad, según fuentes del Constitucional. Narváez ha llevado su ponencia al pleno después de que el TC tumbara al principio de este mes de junio la que había hecho el magistrado a Cándido Conde-Pumpido, que se mostró favorable a estimar los recursos de los condenados. Se espera que al menos Conde-Pumpido presente voto particular en contra de la decisión mayoritaria.
Asedio en el Parlamento
Durante los hechos de 2011, unos 50 diputados tuvieron que entrar en furgones de los Mossos d'Esquadra, otros lo hicieron en helicóptero y algunos de los que entraron a pie fueron sacudidos o agredidos. Las protestas de los indignados asediaron y rodearon el Parlamento para tratar de impedir el pleno de este, donde se iban a votar y poner a debate los famosos "recortes".
Las protestas de "indignados" en el parque de la Ciutadella, ante el Parlamento de Catalunya, el 14 y 15 de junio de 2011, que impidió la entrada a varios diputados. La Generalitat y el Parlamento pidieron, como acusación particular, penas de tres años de prisión para cada uno de los acusados.
La sustitución de Conde-Pumpido por Narváez
La cuestión se ha abordado al pleno del Tribunal Constitucional este miércoles, aunque ya hace años que se encontraba en lista de espera. Llegó al Tribunal Constitucional en el 2016 mediante un recurso contra la decisión del Tribunal Supremo - con el magistrado Manuel Marchena de ponente - de revocar la absolución que había dictado la Audiencia Nacional y condenar a los imputados con tres años de prisión.
En el 2019 en caso llegó al pleno y ya entonces Conde-Pumpido propuso la absolución de los imputados apelando el caso Atutxa, por el cual Estrasburgo acabó condenando España por no haber garantizado un juicio justo.
La falta de acuerdo con la mayoría conservadora sobre la absolución de los condenados por el asedio del Parlamento hizo posponer la resolución final y mientras tanto, en el 2020, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos desestimó los recursos que las defensas habían presentado contra la sentencia del Tribunal Supremo por errores formales en los recursos hechos en España.