El pleno del Tribunal Constitucional examinará esta semana el recurso del exconseller Josep Rull contra la sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo. El Supremo ya ha resuelto los recursos de Meritxell Borràs, Carles Mundó y Jordi Turull y ninguno de ellos prosperó, abriendo la puerta así a la vía de Europa. Fuentes jurídicas han informado a Efe que el pleno del Constitucional tiene previsto abordar a partir de este martes, entre otros aspectos, el recurso de Rull a su condena en el procés.

El TC va dando salida a los recursos que hace más de un año están atascados y que sin su resolución ninguno de los presos políticos ni condenados por la sentencia del Tribunal Supremo por el procés independentista pueden recurrir ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo. El último en resolverse fue el de Jordi Turull el 22 de abril, que ya está preparando el trámite para ir a Europa, siendo el primero de los presos políticos que lo hace.

Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Turull presentaron su recurso al Tribunal Constitucional en marzo del 2020. Los tres consideran que se han vulnerado sus derechos a la no discriminación por razones lingüísticas, a la libertad ideológica, a la libertad, a los derechos de reunión y manifestación, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías y a la legalidad penal. Piden que se repare esta vulneración de derechos declarando nula la sentencia del juicio al procés. El escrito enumera hasta once vulneraciones de derechos.

Homs, también en el pleno del TC

En el orden del día figura, además, el recurso del exconseller de Presidència y exdiputado del PDeCAT Francesc Homs, condenado a un año y un mes de inhabilitación y a 30.000 euros de multa por desobediencia grave al Constitucional en la consulta del 9-N del 2014. La sentencia del Supremo subraya que la providencia del Tribunal Constitucional en la cual ordenaba la suspensión de la consulta del 9-N era de fácil comprensión y exigía al acusado paralizar las actividades ya puestas en marcha y que se abstuviera de promover otras acciones dirigidas a la celebración de la consulta del 9-N. Y desacredita los argumentos dados por Homs, quien alegó que el mandato del TC no era claro y no tenía una advertencia expresa.

Además, el tribunal verá también el recurso de la Generalitat de Catalunya por el decreto ley de seguridad pública digital, que fue aprobado en octubre de 2019 por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez para frenar los intentos del independentismo de extender lo que se conoce como la "república digital" catalana. Este decreto permite al ejecutivo central con carácter excepcional y transitorio intervenir redes y servicios de comunicaciones electrónicas en casos que puedan afectar al orden público, a la seguridad pública y a la seguridad nacional.