Antes de la campaña electoral y a toda prisa. El Tribunal Constitucional se ha puesto las pilas y ha liquidado la declaración soberanista (lee la sentencia, pdf) del Parlament de Catalunya después de aceptar la impugnación que el Gobierno español presentó contra esta propuesta.

Los magistrados no han dudado ni un segundo en votar la suspensión de esta resolución aunque todavía no han firmado la sentencia que lo anula porque están haciendo los últimos retoques. Se prevé que haya un apartado que justifique la rapidez de la decisión.

No han querido caer en los mismos errores cometidos con el Estatuto, en el que tardaron cuatro años en dictar sentencia y se llevó un gran rechazo social y político presentado en forma de manifestación multitudinaria julio del 2010, donde los catalanes ya pedían tener las competencias para decidir como nación.

Resolución prohibida

El pasado 11 de noviembre, el TC ya admitió a trámite revisar la impugnación presentada por el Estado sobre la resolución de ruptura que el Parlament había aprobado dos días antes con los votos de los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP. Una vez aceptada a trámite la providencia, el TC se puso en marcha rápidamente para avisar en persona a los 21 altos cargos –entre ellos Artur Mas y Carme Forcadell– de que en caso de que sacaran adelante la resolución estarían incurriendo en responsabilidades penales.

La providencia atacaba la resolución entera. A pesar de haber apartados que no son inconstitucionales, como reconocía la sentencia, el recurso que presentó el Ejecutivo español pedía la totalidad de la suspensión y se cargaba el anexo final bajo el argumento de que las medidas que se exponían, como asegurar el acceso a los suministros para toda la ciudadanía o garantizar las libertades públicas, “no corresponden a las competencias de la Generalitat”.

Finalmente, alertaba a los miembros de la Mesa del Parlament y del Govern de que en ningún caso podrán admitir a trámite el debate o votación de la resolución, porque la declaración es totalmente contraria a los principios básicos de la Constitución.