El Tribunal de Cuentas ha mostrado sus dudas sobre la "suficiencia y legalidad" de los avales presentados por el ICF para cubrir los 5,4 millones que este órgano fiscalizador reclama a 34 exmiembros del Govern como fianza por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017. No obstante, la delegada instructora del caso, Esperanza García, no ha decidido todavía al respecto y ha pedido un informe a la Abogacía del Estado.

El Govern creó el 6 de julio un Fondo Complementario de Riesgos para cubrir los 5,4 millones que reclama el Tribunal de Cuentas a sus 34 exmiembros. No obstante, ninguna entidad bancaria aceptó cubrir los fondos, por lo cual el Govern optó para recurrir al Institut Català de Finances (ICF), tal como prevé una disposición adicional del Fondo Complementario de Riesgos.

Pelota al Abogado del Estado

La delegada instructora, Esperanza García, ha planteado dudas sobre la legalidad que sea el ICF, que depende del Govern, quien cubra los avales. "Esencialmente sobre si puede o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, que asume la propia Administración autonómica perjudicada", según han argumentado fuentes del Tribunal de Cuentas después que la noticia ha sido avanzada por El Español.

Ante esta situación, la instructora ha evitado pronunciarse y ha pasado la patata caliente a la Abogacía del Estado a quien ha pedido un informe. En último término, sin embargo, será el Tribunal quien tendrá que decidir dado que los informes de la Abogacía no son vinculantes.

ICF avala a 29 encausados

29 de los 34 exmiembros del Govern encausados por el Tribunal de Cuentas se habían acogido al Fondo Complementario de Riesgos creado por el Govern y habían presentado los avales del ICF para sus fianzas. El resto habían presentado sus propios avales o bienes para cubrirlas. En cualquier caso, las fianzas se tienen que cubrir de manera solidaria entre los encausados.

Ante la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas no aceptara esta vía, los partidos preparan alternativas para cubrir las fianzas y evitar que se embarguen los bienes de los encausados. Paralelamente, el jueves de esta semana está previsto que el Consell de Garanties Estatutàries emita su informe sobre el Fondo Complementario de Riesgos del Govern.

Entre los exaltos cargos a los cuales se reclama responder por la acción del Govern figuran los expresidents Carles Puigdemont y Artur Mas, a los cuales se reclama 1,9 y 2,8 millones, y el vicepresident Oriol Junqueras, 1,9. No obstante, las fianzas más elevadas corresponden al exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, con 3,6 millones; la exinterventora general de la Generalitat Mireia Vidal (3,1 millones); y los exconsellers Francesc Homs (2,9 millones) y Andreu Mas Colell (2,8 millones).

 

En la imagen principal, la sede del Tribunal de Cuentas / Europa Press