El Tribunal de Cuentas ha incluido al eurodiputado de Esquerra Republicana, Jordi Solé, a la causa por supuestos gastos irregulares en la política exterior de la Generalitat, según informa la ACN. El tribunal podría reclamar hasta 4,5 millones a una treintena de ex altos cargos como Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
El Tribunal de Cuentas calcula de forma provisional que los importes que podría reclamar por las actividades del Diplocat durante el procés ascienden a más de cuatro millones de euros. El tribunal estudia la contratación por 1,48 millones de euros de los servicios de la ONG Independiente Diplomado, las subvenciones en la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR) por 565.000 euros, el coste de 460.000 euros por las visitas a líderes internacionales, los 382.000 euros por acción y sensibilización académica, y los 308.000 por el análisis y prospectiva.
El órgano judicial también investiga importes menores relacionados con la causa como la contratación de un jefe de prensa internacional, acciones de sensibilización sobre el conflicto en Catalunya, el alquiler de un inmueble en Bruselas o la contratación de una empresa de trabajo temporal para dar apoyo a las tareas de traducción y administrativas.
Citaciones masivas
Son muchos los imputados por el Tribunal de Cuentas en la causa que investiga de acción exterior de la Generalitat. Jordi Solé es el último a unirse a una larga lista de cargos imputados por la causa del Diplocat. Solé ha anunciado en su cuenta de Twitter que ha sido citado por el tribunal. En el tuit el europarlamentario califica de "persecución obsesiva y revancha" la causa.
El tribunal ya ha citado a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont el exvicepresidente Oriol Junqueras, varios exconsellers de Presidencia, Economía y Exteriores como Francesc Homs, Neus Munté, Andreu Mas-Colell y Raül Romeva, y varios ex altos cargos del Gobierno para comparecer los próximos 29 y 30 de junio, informa la ACN. Esto sucede después de las de denuncias presentadas por la fiscalía, la abogacía del estado, la entidad Advocats Catalans per la Constitució y Societat Civil Catalana.
La instrucción de la causa ya ha finalizado y en junio se celebrará el acta de liquidación provisional para fijar la responsabilidad de cada político o la cuantía que tendría que pagar. Las multas pueden ser millonarias y algunos de los implicados consideran que es un acto de venganza que pretende hundirlos dos veces "primero te hunden la familia y después, la prisión", declaró Albert Royo, quien fue secretario general del Diplocat entre el 2013 y en el 2017.
Imagen principal: Jordi Solé y Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo / ACN