El rodillo económico contra el independentismo se unifica. El Tribunal de Cuentas ha informado hoy de que hace efectiva la unificación de los procedimientos para reclamar los gastos del Referéndum del 1-O del 2017, cifrados en 4,2 millones de euros, y de la causa abierta el 2020 por el gasto en el exterior en la promoción de la independencia de Catalunya entre 2011 y 2017, valorado en 5,4 millones de euros. Las cantidades económicas han sido aportadas al tribunal a través de la Caixa de Solidaritat, con aportaciones de los ciudadanos, y con avales privados, en el caso de algunos investigados de exteriores. Así, en el procedimiento de reintegro B-180/21 se juzgará al mismo tiempo una cincuentena de excargos políticos de los gobiernos de los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont. En la lista, están los consellers juzgados y condenados por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición, malversación y desobediencia.
Además, el Tribunal de Cuentas ha anunciado que aprueba el archivo de la causa para dos de los investigados al haber depositado las cantidades exigidas. Son: Pere Puig Anglada, que era el delegado del Gobierno en Bruselas y al cual se le exigía 1.176 euros, y Lluís Bertrán i Saura, entonces secretario general de Gobernación y Relaciones Institucionales, que ha pagado 5.393 euros. En este caso, la instructora del procedimiento indica que se depositen estos 6.569 euros en la cuenta de la Generalitat de Catalunya. No obstante, la Generalitat siempre ha expresado que no ha sido perjudicada en ninguno de los dos procedimientos. Ahora las acusaciones, la fiscalía y Sociedad Civil Catalana tienen 20 días para presentar sus demandas. La abogacía del Estado ya anunció que se retiraría del proceso porque no hay gasto público del Gobierno desembolsado en la promoción de Catalunya en el exterior.
Argumentos
En la resolución, la consejera de cuentas, Elena Hernáez Salguero, afirma que la ley del Tribunal de Cuentas considera "procedente" el sobreseimiento de las causas cuando resulte de las actuaciones instructoras haber tenido definidos los hechos constitutivos de la supuesta responsabilidad contable y si se hubiera ingresado el importe de la indemnización o de los daños y perjuicios realizados, y en este caso considera que Puig y Bertrán cumplen estas condiciones y los aparta del procedimiento. La fiscalía también había expresado que se dictara el archivo de su causa. Por otra parte, Hernáez indica que el conseller de Cultura en el exilio Lluís Puig i Gordi se ha personado en la causa, pero su representación procesal no lo ha hecho correctamente y le da diez días para aportar la documentación acreditativa.
La causa de Exteriores es el tercer procedimiento que el Tribunal de Cuentas ha iniciado contra gobiernos catalanes por el procés independentista. El primero fue por la consulta del 9-N del 2014, en el cual se reclamaba al gobierno de Mas 5,2 millones de euros, que finalmente se aportaron con donaciones de ciudadanos a través de la Caixa de Solidaritat. El segundo procedimiento fue derivado por el Tribunal Supremo para que acotara la responsabilidad contable de la organización del 1-O, fijada en 4,2 millones de euros, impuesta después de la condena al Govern por sedición. Y, en el tercer procedimiento, abierto el 2020, se reclaman 5,4 millones. Ahora el Tribunal de Cuentas ha acordado hacer efectiva la unificación de los dos procedimientos, que se acumularon a finales del 2020. El dinero del 9-N estaba pendiente de ser devuelto a la Generalitat cuado el Supremo dictara la sentencia del recurso presentado por el president Mas.