El Estado ya prepara la subasta de los inmuebles que fueron embargados al expresident Artur Mas y al resto de encausados por el Tribunal de Cuentas con motivo del 9-N, según informa El Mundo. Desde hace tiempo que la amenaza de multas millonarias cuelga sobre ellos, pero esta semana el Tribunal Supremo ha hecho firme la primera sentencia del Tribunal de Cuentas contra los impulsores de la consulta del 2014.
Una vez se notifica la decisión del Supremo de mantener la sentencia del Tribunal de Cuentas, se procede a la ejecución de la pena. "Del embargo preventivo se pasará a la subasta si no abona el dinero", han explicado fuentes del Tribunal de Cuentas a El Mundo. Estas mismas fuentes han aclarado que los fondos no los retendrá el tribunal, sino que serán transferidos a la Generalitat para resarcir el estado de sus arcas, las cuales el tribunal considera que fueron dañadas por la consulta.
La estimación inicial de lo que había costado la consulta del 9-N ascendía a 5,2 millones de euros, pero finamente se rebajó a 4,9 millones. Mas y el resto de encausados depositaron la fianza y se encontraron con los bienes embargados. El movimiento independentista ha recaudado dinero para ayudar a los perseguidos por el Tribunal de Cuentas en la causa del 9-N, pero no han podido cubrir la totalidad de lo que se reclama a los afectados. Por este motivo los condenados tienen que abonar el resto, activamente o a través del embargo.
Afectados por la subasta
El expresident de la Generalitat se enfrenta a perder, entre otros bienes, su piso de Barcelona si no deposita la cifra que le reclama la sentencia en firme, pero no es el único. Francesc Homs, exconseller de la Presidència, puede ver subastada su casa barcelonesa y la exvicepresidenta Joana Ortega también.
Fuera de la capital peligran viviendas de la propiedad de Irene Rigau, exconsellera de Educació, y Jordi Vilajoan, exsecretario general. Podrían acabar perdiendo inmuebles en Banyoles y Girona, respectivamente.
La encargada de sacar adelante el procedimiento es Margarita Mariscal de Gante, exministra del Partido Popular y titular del departamento segundo, el cual condenó a Artur Mas y a su equipo.
Una posibilidad ínfima
Pocas salidas quedan para los impulsores de la consulta del 9-N con el fin de no perder su patrimonio. Según recuerda El Mundo, Artur Mas se plantea pedir amparo al Tribunal Constitucional alegando la vulneración de sus derechos fundamentales. Sin embargo, el diario recuerda que no es habitual que el Constitucional adopte medidas de paralización en la ejecución de la fianza.
Imagen principal: Artur Mas durante la rueda de prensa en los jardines del Palau Robert / Efe