El Tribunal de Cuentas ha iniciado una investigación, como ya había hecho la Fiscalía, para investigar las presuntas concesiones de subvenciones a entidades afines a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Lo ha hecho a partir de una denuncia presentada por la Sociedad General de Aguas de Barcelona que acusa a la líder de los comunes en la capital catalana y el concejal Eloi Badia de haber cometido ilegalidades en el proceso de impulso de la municipalización del agua en la ciudad.
Según ha adelantado el diario El Mundo, el tribunal investiga el dinero público concedido a ONG asociadas como "amigas" del gobierno de Colau. La mayoría de ellas ya constan en la causa abierta por la Fiscalía de Barcelona, como el Observatorio DESC, Ingenieros Sin Fronteras, la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética. Los magistrados estudian si Colau y miembros de su ejecutivo podrían haber cometido delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación y tráfico de influencias.
La nueva denuncia se centra en la ONG Enginyers Sense Fronteres, que ha recibido 852.633 euros en subvenciones del consistorio entre 2016 y 2018 y 271.437 euros entre 2012 y 2015. Eso, para el denunciante, demuestra que "para promover la municipalización del agua", Colau utilizó "entidades aparentemente independientes, pero que están financiadas directamente por el Ayuntamiento de Barcelona para crear un clima denigratorio" contra el actual gestor, Aigües de Barcelona.
Sin embargo, también se denuncian otras organizaciones de la misma órbita, como el Observatorio DESC, que recibió más de medio millón de euros entre 2016 y 2018 o la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, que casi recibió la misma cantidad.
La investigación de la Fiscalía
Paralelamente, la Fiscalía de Barcelona ya investigaba estos presuntos delitos. En este caso, la denuncia la puso Abogados Catalanes por la Constitución por los mismos motivos y también acusó a la exconcejala de Ciutat Vella Gala Pin, la exconcejala de Derechos Sociales, Laia Ortiz, la cuarta teniente de alcalde, Laura Pérez Castaño, y la asesora municipal de Vivienda Vanesa Valiño.
Abogados Catalanes por la Constitución sostiene en el escrito de la denuncia presentado ante la Fiscalía que desde la llegada de Ada Colau al consistorio en el 2015, el equipo de gobierno municipal ha otorgado subvenciones a asociaciones con las cuales mantenían estrechos vínculos personales y profesionales, subvenciones que fueron cuestionadas por el interventor municipal. Sostienen los denunciantes que se otorgaron a veces de forma directa y con carácter excepcional y en la mayoría de los casos para finalidades sobre las cuales el Ayuntamiento no tiene competencias.
La tranquilidad de Colau
Según la alcaldesa, tanto la secretaría como los servicios jurídicos municipales mantienen que "no hay nada desfavorable" en la adjudicación, aunque sí hay un comentario general del interventor que recuerda que las subvenciones se tienen que adjudicar por concurrencia pública o consolidando presupuesto siempre que se pueda.
Imagen principal: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau / EFE