El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no sólo ha dado entrada a los recursos contra el Estado español que han presentado los líderes independentistas condenados por el referéndum del 1-O. El TEDH ha entrado también el recurso que presentó el mes de noviembre el exconseller Francesc Homs contra la condena de inhabilitado que le impuso el Supremo a raíz de la consulta del 9-N.
Homs fue condenado por el Tribunal Supremo a un año y un mes de inhabilitación por desobediencia grave, por lo cual se le obligó a abandonar su escaño en el Congreso, donde lideraba a los diputados del PDeCAT. Posteriormente, también el Tribunal de Cuentas investigó a los responsables del 9-N y les condenó a devolver 4,9 millones de euros.
El TEDH ha comunicado al exconseller la decisión de dar entrada a su demanda en un escrito en catalán, como lo hizo también esta semana con el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el resto de los presos políticos del 1-O. De hecho, todos los comunicados se resolvieron al mismo tiempo y llevan fecha del 14 de diciembre.
Caso 9-N
De momento, Homs es el único de los condenados por el 9-N que ha presentado recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos. El resto de condenados por aquella consulta del 2014, el president Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau fueron condenados por el TSJC y su recorrido legal ante el Estado español no acabó hasta este mes de octubre, cuando recibieron respuesta del Tribunal Constitucional rechazando su último recurso.
Por el contrario, Homs recibió la última negativa del TC el mes de mayo y presentó la demanda en Estrasburgo en una fecha emblemática, el 9 de noviembre de este año.
Tribunal independiente e imparcial
En su escrito el exconseller explicaba que inicialmente había sido excluido de la querella que, contraviniendo la decisión de la junta de fiscales de Catalunya, el fiscal general del Estado presentó contra el president Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau. No obstante, un año más tarde, cuando acababa de asumir su escaño en el Congreso, la fiscalía ordenó, "por sorpresa" y sin que se produjera ningún hecho nuevo, que fuera investigado por el caso.
Además, fue juzgado y condenado por el Supremo, por su condición de diputado, lo cual le dejó sin posibilidad de recurrir a una segunda instancia. Por todo ello, denunció ante el TEDH que se ha violado su derecho a un tribunal independiente e imparcial, así como el derecho a presentar pruebas de descargo y el derecho de acceso a la justicia.