El Tribunal Supremo ha tumbado por primera vez los proyectos lingüísticos de dos escuelas de Catalunya por incumplir el 25% de castellano en el programa docente. La sección primera de lo contencioso-administrativo lo ha decidido después de desestimar los recursos de casación de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al considerar que carecen de motivación. El Supremo ha anulado así los proyectos lingüísticos de dos centros escolares, uno de Abrera, el Josefina Ibáñez, y otro de Barcelona, el colegio Bogatell, ya que "no se ha fundamentado lo suficiente". Además, las providencias del Supremo a los recursos del Govern, con fecha de 13 de julio y ante las cuales no cabe recurso, imponen a la Generalitat las costas del proceso judicial.
El alto tribunal español, además, ha escarnecido a la Generalitat por recurrir la decisión del TSJC de "forma generalizada sobre el sistema lingüístico, sin otra acotación y matiz", una circunstancia que "no parece debidamente complementada sino por referencias en exceso genéricas e indeterminadas que contrastan con el cariz casuístico que presenta el litigio". El Supremo, con esta argumentación, no entra a valorar a fondo la cuestión y tumba los recursos del Govern, además de quedar anulados los planes de los dos colegios catalanes. Estos dos planes lingüísticos de los centros de primaria fueron los primeros que tumbó el TSJC, en marzo de 2021. Después llegaron otros, que junto con los casos de los dos centros de Abrera y Barcelona, la Generalitat recurrió ante el Supremo. Por lo tanto, las sentencias del TSJC, ahora confirmadas por el TS, incluye una referencia a la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación (ley Celaá), subrayando que la lengua española tiene que ser vehicular por mandato constitucional, según la jurisprudencia del Constitucional.
Con la inadmisión a trámite de los recursos del Govern ahora la estrategia de la Conselleria d'Educació, que encabeza Josep Gonzàlez-Cambray, queda en el aire. Ya que en ambas escuelas se aplicará el 25% de castellano en el curso que viene, satisfaciendo el reclamo de las familias demandantes. La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, ha valorado "muy positivamente estas provisiones porque demuestran que, independientemente de que estemos bloqueados con el 25%, los centros tienen que programar asignaturas en castellano". "La gente se ha pensado que el 25% no es válido", ha lamentado Losada, que ha reclamado que el castellano "es lengua vehicular en la escuela catalana" porque lo marca la ley. De hecho, en las sentencias de marzo de 2021 del TSJC, recurridas por la Generalitat, se reconocía a las familias "una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular, en proporción razonable" que "a falta de su concreción" se tiene que fijar en un mínimo del 25%.