El Tribunal Supremo ha solicitado hoy el informe sobre los indultos para los presos políticos a la Abogacía del Estado, según una diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia de causas especiales.

Por otra parte, el tribunal de esta causa ha rechazado, en una providencia, incorporar al expediente de estos indultos el informe presentado por la acción popular en esta causa. El Supremo alega que el artículo 24 de la ley de indulto no prevé el dictamen de la acción popular, ya que limita la petición de informe al ministerio fiscal y a la parte perjudicada por el delito, en este caso la Abogacía del Estado, que fue acusación particular.

La sala, tras recabar la información penitenciaria respecto de los doce condenados, nueve de ellos en prisión, cuenta ya con el informe de la Fiscalía, que se opone a la concesión de la medida de gracia debido la gravedad de los hechos y al entender que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación.

Tras analizar los argumentos de las dos acusaciones que ejercieron en el juicio, la propia sala emitirá su propio informe, si bien ninguno de ellos es vinculante para el Gobierno, que es el que debe decidir sobre la aplicación de los indultos solicitados.

Las peticiones de indulto

Se presentaron al menos siete peticiones de indulto a favor del líder de ERC y exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras; los exconsellers Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; los Jordis —Jordi Cuixart y Jordi Sànchez—, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Algunas de ellas se refieren a todos los condenados y otras sólo a algunos, que se incluyen en el expediente que fue remitido al ministerio público y ahora conocerán los Servicios Jurídicos del Estado

El indulto referido a Junqueras —condenado a 13 años por sedición y malversación de caudales públicos— fue presentado por varios internos de la cárcel de Lledoners donde cumple su pena, el jurista Francesc Jufesa, el presidente del partido Justicia Económica y Social (JES) Sergio Querol y otro particular, Juan Andrés Arnáiz Cabezas, quienes pedían el indulto total o bien parcial, mediante la reducción de la pena de prisión impuesta o la sustitución de esta por pena de inhabilitación.

A juicio de los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, la supuesta desproporción de las penas impuestas en relación con el injusto cometido por los doce condenados, que es lo que se alega en las peticiones de indulto, "carece de fundamento jurídico alguno".