El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha citado a declarar como investigado el próximo 15 de septiembre al expresident del Parlament y conseller de Treball, Roger Torrent, así como a tres miembros más de la mesa del Parlament en la anterior legislatura: Adriana Delgado, Eusebi Campdepadrós y Josep Costa.
El tribunal los investiga por un supuesto delito de desobediencia, al permitir dos debates parlamentarios de resoluciones sobre la monarquía y la autodeterminación en noviembre de 2019 a pesar de las advertencias de los letrados de la cámara porque podía vulnerar la prohibición del Tribunal Constitucional.
La magistrada instructora también da cinco días a Vox para aportar una fianza de 10.000 euros para seguir como acusación popular. La resolución se puede recurrir, pero no suspende el procedimiento.
En su querella, la Fiscalía los acusa de desobediencia por haber admitido a trámite y permitido que se debatiera en el pleno el texto de dos resoluciones, una el 12 de noviembre del 2019 y la otra el 26 de noviembre del 2019. En la primera constaba un compromiso con el ejercicio del derecho a la autodeterminación, mientras que la segunda, una resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo por el 1-O, reiteraba la reprobación del rey.
El ministerio público recordaba en su escrito que la sentencia del TC del 2 de diciembre del 2015 declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parlament del 9 de noviembre del 2015 sobre el inicio del procés político en Catalunya a consecuencia de los resultados del 27-S. El TC acordó la suspensión de las resoluciones parlamentarias y recordó a la Mesa su deber "de impedir y paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada" y les advirtió que podían incurrir en responsabilidades, incluida la penal, si lo incumplían. En su escrito, la Fiscalía consideraba que los cuatro querellados incumplieron esta sentencia al permitir los dos debates.
En el caso del debate sobre autodeterminación, el 28 de octubre del 2019 la CUP-CC registró una moción donde se expresaba la voluntad del Parlament "de ejercer de forma concreta el derecho de la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán". El 29 de octubre la Mesa la admitió a trámite, el 5 de noviembre se desestimó las peticiones de reconsideración del PPC, PSC y Cs y el 12 de noviembre se debatió y aprobó en el pleno. La Fiscalía recuerda que el mismo 12 de noviembre el TC había admitido a trámite un incidente de ejecución por el incumplimiento de las providencias y que se notificó a los afectados de su "deber" de impedir la iniciativa.
En el caso de la segunda resolución, sobre la reprobación del rey, la Fiscalía recuerda que el 22 de octubre JxCat, ERC y CUP-CC registraron la propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Supremo que incluía una declaración donde que afirmaba que "el Parlament reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas la reprobación de la monarquía". La Mesa lo admitió a trámite, el 29 de octubre se desestimó las peticiones de reconsideración y el 12 de noviembre se debatió y aprobó en el pleno.
La Fiscalía recuerda que en la sentencia de 17 de julio del 2019 el TC ya había declarado inconstitucionales y nulos unos apartados de una resolución del Parlament donde ya se reprobaba la actuación del rey en relación al procés. En una resolución posterior -25 de julio del 2019- se volvía a reiterar la reprobación al rey, y el 18 de diciembre el TC declaró nulos otra vez estos incisos.
De hecho, la resolución del Parlament de respuesta a la sentencia -la segunda que motiva la querella- también incluía una defensa del derecho a la autodeterminación, con el compromiso que "el Parlament reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas (...) la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya". La querella es contra el entonces president del Parlament, Roger Torrent; quién era vicepresidente primero, Josep Costa; el secretario primero, Eusebi Campdepadrós; y la secretaria cuarta, Adriana Delgado. Delgado dejó el cargo el 26 de noviembre del 2019 y fue sustituida por Rut Ribas.