El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado un plazo máximo de 10 días al Govern catalán para reanudar la vacunación contra la Covid-19 a policías y guardias civiles y llegar a "la misma proporción" de agentes vacunados que en el cuerpo de Mossos d'Esquadra.

Lo ha hecho al estimar las medidas cautelares que reclamaron los sindicatos Jupol y Jucil para que la Conselleria de Salut incluya a los agentes de Guardia Civil y Policía Nacional en el plan de vacunación, ha explicado el TSJC.

La Sala Contenciosa también ordena que, dos días después de acabar el plazo de 10 días, la Conselleria de Salut le envíe un informe sobre el cumplimiento de esta medida.

 

 

Justamente hoy la Fiscalía Superior de Catalunya instaba al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a estimar la petición de los sindicatos policiales Jupol y Jucil para que el Govern catalán reanude la vacunación contra el coronavirus a los policías y guardias civiles destinados en Catalunya.

El informe del fiscal considera que la petición de medidas cautelares para reanudar la vacunación está "totalmente justificada". El 8 de abril, Jupol y Jucil recurrieron la resolución de la Generalitat que anulaba sin nueva fecha la vacunación a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en Catalunya, alegando que suponía una vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación porque sí se seguía  vacunando a otros cuerpos de emergencias.

Según expusieron los sindicatos en el recurso, la Conselleria de Salut "está incumpliendo en Catalunya el Plan nacional de vacunación contra la Covid-19, aplicándolo solo a los funcionarios de las policías autonómicas y locales y otros cuerpos de seguridad, y excluyendo u omitiendo" a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.

 

 

 

El tribunal rechazó adoptar medidas cautelarísimas y el 20 de abril instó a las partes a posicionarse sobre las medidas cautelares que reclaman los sindicatos con informes como este de la Fiscalía. "Resulta obvio que, de ser ciertos los hechos alegados, se habría causado —o se estaría causando—, además de un patente incumplimiento normativo, una clara e injustificada situación de discriminación por parte de la administración" a los efectivos de estos cuerpos policiales, expone el fiscal en su informe.