El TSJC ha rechazado y devuelto la causa contra el diputado de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases, en el jutje de instrucción 1 de Barcelona, Joaquim Aguirre, porque no hay bastantes indicios para implicarlo en el caso Volhov y para que complete la investigación. La sala se declara no competente para asumir la instrucción al considerar que el juzgado no ha motivado suficientemente los indicios delictivos supuestamente cometidos por el aforado.

El TSJC también pide que se permita la declaración voluntaria de Dalmases y se le den todas las garantías ante el instructor, así como que se tienen que practicar todas las diligencias de investigación necesarias para comprobar si realmente hay indicios individualizados contra el acusado. Si fuera el caso, y si Aguirre completa la instrucción con suficiente fundamento, se tendría que volver a dar traslado al TSJC para que coja el trámite para ir a juicio, ya que Dalmases es aforado.

 

 

La investigación contra Dalmases deriva de la causa por presunto desvío de fondo públicos para cooperación de la Diputación de Barcelona, en la cual están imputadas cerca de 50 personas y que dio motivo a la operación policial en la cual el octubre pasado fueron detenidos empresarios y exmiembros del denominado "estado mayor" del 1-O, acusados de aprovechar sus contactos políticos para favorecer sus negocios. En la pieza también está investigado Víctor Terradellas, exdirigente de CDC, y otras cinco personas.

Investigan si presuntamente se lucró con más de 224.000 euros procedentes de subvenciones para cooperación de la Diputación, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, pide investigar Dalmases por malversación, prevaricación y tráfico de influencias, ante los indicios que trató de obtener fondos públicos con ánimo de lucro a través las entidades Igman y CATmón, afines en CDC, entre los años 2014 y 2017.

Dalmases fue fundador de la fundación CATmón y presidente de la asociación Igman, entidades que entre los años 2013 y 2016 recibieron 1,2 millones en subvenciones públicas de la Diputación de Barcelona. La Guardia Civil sostiene que hay graves errores en la tramitación y ejecución de estas subvenciones, las cuales se habrían destinado parte de los fondos a financiar acciones políticas, de comunicación, de participación y de internacionalización del procés soberanista.

Según los informes, hay varias facturas a nombre de Dalmases que fueron cobradas antes de que fueran expedidas. El juez, según el rotativo, también sospecha de determinadas justificaciones de viajes y de otros pagos. La Guardia Civil sospecha que el diputado de JxCat consiguió 320.000 euros en subvenciones supuestamente fraudulentas para CATmón e Igman con facturas duplicadas e improcedentes.