Más juicios a la vista. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informado hoy de que ha cerrado la investigación contra la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, y tres personas más por el caso de los contratos fraccionados, cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En la resolución, el magistrado Jordi Seguí sostiene que Borràs "abusó de su cargo" y que hay indicios para juzgarlos por el delito continuado de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos. Y, ahora, da traslado a la Fiscalía Superior de Catalunya para que presente el escrito de acusación, paso previo al juicio, después de que se presente el escrito de defensa.
En la resolución, de treinta páginas, el magistrado instructor del TSJC detalla los dieciocho contratos menores (de 18.000 euros) que Laura Borràs como directora de la Institució aprobó para realizar servicios informáticos en la web de la ILC de 2014 a 2017. De este total, concedió seis a Isaías Herrero, cifrados en 112.502 euros. También detalla que Borràs y Herrero se conocían de antes, al haber trabajado los dos en Hermeneia, un grupo de investigación literario. Borràs y Herrero se ayudaron de Andreu P.M., que hizo facturas para Isaías, y de Roger E.P., responsable de gestión administrativa de la ILC, para ejecutar estas actuaciones delictivas, quienes también serán juzgados. El magistrado expone que hay correos electrónicos en los que Borràs explica a Herrero cómo presentar propuestas de presupuestos, los cuales presenta con su nombre y con otros nombres a escondidas, como a través de la cooperativa Xarxa Integral, que gana algunos de los concursos y pagó a Herrero unos 22.000 euros. El total de los fondos malversados es de unos 309.000 euros. Precisamente, la resolución del TSJC se ha hecho pública horas después de que la presidenta del Parlament y un grupo de diputados de JxCat y ERC, acompañaran a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que hoy ha declarado en el TSJC como investigada por la organización del 1-O.
Confesión
El caso se destapó en 2018, cuando Herrero era investigado por otra causa y tenía el teléfono intervenido y hablaba con alguien del caso de los contratos de la ILC. En la resolución, se reproduce la conversación de Herrero, el cual asegura que tiene miedo porque con la intervención de la Generalitat, en octubre de 2017, puede quedar al descubierto su actuación. "Tengo una de marrones", exponía Herrero en una de las conversaciones y detallaba que hacía para la ILC "dos presupuestos buenos y cuatro no buenos". La Sindicatura de Cuentas ya alertó de que no se podían hacer contratos seguidos con el mismo proveedor cada año y lo que se tenía que hacer era una relación contractual, que Andreu empezó a hacer el pliego, pero Borràs lo desestimó, según el juez del TSJC.
El magistrado Seguí concluye que "los hechos indiciarios expuestos evidencian que Laura Borràs abusó de las funciones que tenía reconocidas en calidad de directora de la ILC dictando resoluciones injustas en aprobar las adjudicaciones de los dieciocho contratos menores, con plena conciencia de que las adjudicaciones entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público, omitiendo una verdadera concurrencia para únicamente favorecer los intereses de Isaías, en detrimento de la defensa de los intereses generales que tenía que defender". También afirma que "las comunicaciones electrónicas mantenidas entre Borràs y Herrero son indicios bastante sólidos de la concertación entre ellos dos con el fin de defraudar a la ILC. Por todo eso, el magistrado deja a la presidenta Borràs a un paso de juicio.