El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha desestimado el recurso de reposición presentado por el Govern para parar el ultimátum que el tribunal dio a la Conselleria de Educación para cumplir con la imposición del 25% del castellano en las aulas. El Govern recurrió este ultimátum alegando que estaba preparando una normativa nueva, en referencia al decreto que el Govern ya ha entrado en vigor que elude los porcentajes y atribuye la responsabilidad al conseller Josep Gonzàlez-Cambray. En dos autos, el tribunal insiste en que Cambray tiene que dictar las "instrucciones, resoluciones y circulares en materia de personal docente" para asegurar que se cumple la sentencia que obliga a impartir el 25%.
Tan pronto como llegó el ultimátum del tribunal, Cambray anunció que los equipos jurídicos presentarían un recurso de reposición y prometió a las escuelas que no tendrían que hacer ningún cambio en los modelos educativos. Asimismo, cargó contra el nuevo ultimátum que daba el TSJC, tildándolo de aberrante "a nivel pedagógico y jurídico", también por el hecho de que legitima la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que es la entidad que solicitó la ejecución forzosa de la sentencia. En este sentido, desde el Govern se explicó que esta asociación no está legitimada para exigir la ejecución forzosa.
En los dos autos, el tribunal confirma la ejecución que ordenó a instancias de la Asamblea, y en la segunda hace lo mismo con el auto que aceptó la petición del padre de un alumno, al cual el tribunal dio legitimidad para personarse como parte afectada en el procedimiento. El tribunal reprocha a la Generalitat que alegue que la sentencia vulnera derechos de alumnos y profesores, pero que en cambio, "no contribuya a argumentar por qué considera que con el auto se le están violentando los derechos de los alumnos y profesores cuándo lo que se trata es asegurar un mínimo de impartición de horas lectivas de castellano y catalán en las escuelas".
Hablamos Español sí, Plataforma per la Llengua i Òmnium no
En otro procedimiento abierto del TSJC, el tribunal ha admitido a la entidad Hablamos Español como parte afectada para pedir la ejecución de la sentencia que obliga a impartir el 25%, y en cambio ha rechazado que se personen Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua y el sindicato Ustec, que habían pedido entrar al caso. En el escrito, el tribunal también explica que no admiten Convivencia Cívica Catalana aunque lo pidió junto con Hablamos Español, porque considera que esta plataforma tiene unos estatutos con finalidades "genéricas".
Con el mismo razonamiento, el tribunal dice que los estatutos de Òmnium son genéricos al fijarse como objetivo "el fomento, el desarrollo y la defensa de la lengua y la cultura catalana en todos los ámbitos de la ciencia, las artes, las letras, el pensamiento y los medios de comunicación, en todos los sectores de la sociedad," porque no mencionan la educación en concreto. En el caso de Plataforma per la Llengua y Ustec, el tribunal sí que reconoce que la promoción del catalán en la educación está lo bastante plasmada en sus estatutos, pero cree que no pueden considerarse afectadas porque "el uso del catalán como lengua vehicular en las diferentes enseñanzas comprendidas en el sistema educativo no ha sido objeto de pronunciamiento judicial", sino que la sentencia ha posicionado sobre el castellano.
El decreto del Govern
En paralelo a todo el Govern trabajó en la elaboración del decreto que aprobó un Consejo Ejecutivo extraordinario el 30 de mayo y que seguirá su trámite en el Parlament en el pleno de la próxima semana, donde está previsto que se apruebe, aunque ya está en vigor desde el momento en que se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Este decreto subraya la "inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes" sobre el uso de la lengua y deja claro que es el departamento de Educación y, en última instancia, el conseller Cambray, quien asume la responsabilidad del proyecto lingüístico de cada centro.
Los partidos de la derecha intentaron torpedear su trámite en el Parlament llevándolo al Consejo de Garantías Estatutarias. Este órgano emitió su dictamen el lunes, avalando el texto asegurando que la norma no es contradictoria con el Estatuto ni la Constitución. Además, sostiene que corresponde a la Generalitat la regulación del tratamiento de las lenguas oficiales, y valora que fijar sistemas como los porcentajes -como ha hecho el TSJC- no "es en absoluto" la única alternativa viable a la hora de regular el uso de las lenguas oficiales.