El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rechazado investigar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, y a los consellers Jaume Giró y Laura Vilagrà por los avales del Institut Català de Finances (ICF) a los ex altos cargos del Govern encausados por el Tribunal de Cuentas. En un auto, la sala de lo civil y penal del TSJC, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, acuerda inadmitir a trámite las denuncias que presentaron Vox, Convivencia Cívica Catalana y Cs contra Aragonès y sus consellers por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Sin el aval de la Fiscalía, todo hacía prever que las querellas no se admitirían a trámite. El ministerio público dejaba constancia en su informe que "la mera articulación de un mecanismo de aval que, de manera provisional, garantice las exigencias cautelares de un procedimiento judicial o administrativo que involucre un funcionario o autoridad, no implica en sí misma que cause un perjuicio al patrimonio público ni, por lo tanto, un delito de malversación de fondos públicos". Vox denunció al president, Pere Aragonès, al conseller de Economia, Jaume Giró, y a la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, por los delitos de prevaricación administrativa y malversación. Convivencia Cívica Catalana denunció sólo a Pere Aragonès por los mismos delitos. Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, denunció en la Fiscalía el Consell de Govern de la Generalitat por un delito de malversación.
Los magistrados, siguiendo los argumentos de la Fiscalía, consideran que la Generalitat "sigue conservando el control sobre los recursos y dispone de un procedimiento ejecutivo que garantiza su retorno. Sólo se podría perseguir a los miembros del Govern si el aval se ejecuta y después no se pide el retorno.
El posible delito de prevaricación administrativa también se tendría que descartar, según el tribunal, porque el Govern no solo es un órgano administrativo sino político y constitucional, y sus actos políticos y legislativos, como el decreto ley de julio sobre los avales, no pueden ser perseguidos penalmente por prevaricación, porque no son simples resoluciones administrativas, sino normas con rango de ley. De hecho, recuerda que el decreto ley se creó para resolver con urgencia la petición de avales del Tribunal de Cuentas a varios ex altos cargos del Govern, pero también abarca a otros posibles afectados por hechos similares y que todavía no tengan sentencia firme.
Según el tribunal, estos avales tienen ciertas condiciones, como el hecho de que los actos perseguidos sean cometidos en ejercicio de cargo público, que no estén cubiertos por los seguros o que la Generalitat no les esté persiguiendo. Igualmente, todas las cantidades tendrán que ser devueltas al erario si hay sentencia firme en contra.
El TSJC recuerda que el caso también está recurrido ante el Tribunal Constitucional por parte de Vox. La querella y las denuncias van dirigidas contra todo el ejecutivo, pero especialmente contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, y el conseller de Economia i Hisenda, Jaume Giró.