El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no ha admitido a trámite la querella de Vox contra el conseller de Interior, Miquel Sàmper, por la actuación de los Mossos d'Esquadra durante algunos actos de la campaña electoral del 14-F del partido ultraderechista.
El tribunal no ve ningún tipo de delito en la actuación del conseller, como ya dijo la Fiscalía, que alegó que Vox no había aportado ninguna prueba de la supuesta pasividad de Sàmper o que diera órdenes a la policía catalana en este sentido. De hecho, el tribunal es muy contundente cuando dice que Vox pretende empezar la investigación “por arriba”, cuando ni siquiera se ha intentado demostrar que los manifestantes contrarios al partido de extrema derecha cometieran ningún delito durante los actos electorales del partido, ni que los Mossos a pie de calle lo permitieran.
La formación de ultraderecha denunciaba la presunta omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y delito electoral por el papel de los antidisturbios durante los disturbios provocados por personas contrarias a Vox en actos en Vic, Reus, Les Borges Blanques, Sabadell y Sentmenat. A continuación la resolución del TSJC.
La Fiscalía también archivó la denuncia de Cs contra Sàmper
La Fiscalía archivó la investigación contra el conseller de Interior, Miquel Sàmper, por un delito de prevaricación que había denunciado Ciudadanos al considerar que "no se estaba protegiendo lo suficiente a los Mossos d'Esquadra" después de que el Govern anunciara que sólo se personaría por el delito de lesiones en casos de disturbios y no por el de atentado contra la autoridad o desobediencia, con el argumento que de estos ya se ocupa el ministerio público. La Fiscalía considera legal esta decisión de Interior siempre que se aplique en todo tipo de disturbios y manifestantes, como el mismo Sàmper aseguró que se haría en sede parlamentaria.
Según el ministerio público, corresponde al Govern ejercer la acción penal "conforme a su propio o particular interés". La instrucción que anunció Sàmper en este sentido, continúa, "está dictada según criterios exclusivamente políticos en el marco de la acción de gobierno", y está en el marco político o sindical donde tiene que ser discutida.
Además, el escrito de la Fiscalía subraya que el propio conseller dejó claro que se continuaría dando asistencia jurídica en caso de lesiones, y apuntó que se seguiría el mismo criterio en manifestaciones de signo independentista o de cualquier otro, motivo por el cual descarta la prevaricación.