El Poder Judicial riñe al Gobierno por la distribución de vacunas a los cuerpos policiales españoles en Catalunya. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha concluido que el Gobierno incurrió "en una inactividad" con respecto a su obligación" de asistencia sanitaria a los cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en su tarea de suministrar las vacunas de la Covid-19. "Esta inactividad dio lugar a una diferencia de tratamiento injustificada y discriminatoria respecto de los cuerpos nacionales en relación con los cuerpos policiales y de emergencia autonómicos y locales a los cuales se suministró las vacunas de forma más rápida y eficiente", sostiene el tribunal, en una resolución difundida hoy. La resolución llega ahora con los agentes policiales españoles ya vacunados y la Generalitat castigada a pagar las costas del proceso, con un máximo de 4.000 euros.
Los sindicatos policiales españoles JUCIL y JUPOL interpusieron un recurso contencioso-administrativo en el TSJC en el cual denunciaban la "inactividad" de la Generalitat en la vacunación de los cuerpos policiales españoles a Catalunya, el abril pasado. Además, aseguraban que incluso en los agentes activos mayores de 60 años se les derivaba al programa de vacunación común, mientras que los agentes de cuerpos policiales del país, como los Mossos y las policías locales, eran vacunados de manera prioritaria.
Ninguna dilación
La Generalitat respondió que esta reclamación ya ha decaído porque el 85% de los agentes de los cuerpos policiales españoles que operan en Catalunya ya fueron vacunados contra la Covid-19. Además, exponía que cuando presentaron la queja había un debate sobre la efectividad de la vacuna AstraZeneca, y que el Gobierno detuvo una partida destinada a Catalunya, hecho que retrasó la programación. También destacaba problemas para obtener el listado actualizado de los agentes españoles en activo. Con todo, la Generalitat negó haber sido "evasiva" y usar una forma "dilatoria" en la vacunación de la Covid-19 en el caso de los agentes españoles.
Por el contrario, la sección tercera de la sala contencioso-administrativo del TSJC da ahora la razón a los sindicatos policiales. Expone que cuando el 27 de abril de 2021 acordó la medida cautelar de ordenar al Departamento de Salud que acelerara la vacunación contra la Covid-19 en los cuerpos policiales españoles, así se hizo, evidenciando "la inactividad". Detalla que en el periodo del 10 de febrero al 27 de abril de 2021, los dos cuerpos españoles tenían vacunados 714 profesionales. En cambio, nueve días después, con la medida cautelar ordenada, hasta el 6 de mayo de 2021 fueron vacunados 4.806 agentes de la Policía Española y de la Guardia Civil. Por todo eso, el TSJC concluye que "la administración autonómica no dispuso de la misma voluntad y dedicación en la protección sanitaria de los cuerpos nacionales respecto de los internos".
Foto principal: Dos agentes de la Guàrdia Urbana de Barcelona / Sergi Alcàzar