El TSJC ha desestimado las medidas cautelarísimas que pidieron varias entidades del sector de la restauración y el ocio contra las restricciones drásticas del Gobierno aprobadas la semana pasada y que obligan a cerrar bares y restaurantes y vuelven a reducir los aforos.

La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales, el Gremio de Restauración de Barcelona, la Asociación Nacional de Profesionales Autónomos de Terapias Naturales y Asociación Nacional de Empresarios de Máquinas Recreativas (ANDEMAR Catalunya) presentaron un recurso contra las medidas del Govern y una solicitud para aplicar medidas cautelares mientras no se resuelva que pasa por autorizar la apertura de bares y restaurantes. Pero el tribunal se acoge a la situación grave de la pandemia y al interés general para desestimar suspender las medidas del Govern mientras no se haya resuelto el recurso que ha presentado el sector.

El tribunal contrapone la urgencia del aplazamiento de las medidas, que pide el sector, a la de la crisis de la pandemia que afecta a la salud pública y determina que puede estudiar su providencia sin echar atrás las restricciones.

Además asegura que la resolución será rápida, y que se tomará en la vista fijada en 10 días, que es lo prevé la ley.

 

 

Ahora la Generalitat tiene de tiempo hasta hoy a las 13 h para presentar alegaciones y después empieza el trámite pararesolver la petición de las entidades. Nada hace pensar que se puedan suspender las medidas viendo el relato del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que pone el énfasis en la gravedad de la situación de pandemia a nivel internacional.

El TSJC contrapone en su resolución los intereses económicos del sector a los de la salud pública: "Los valores tan sentidos de la vida, la salud y la defensa de un sistema de asistencia sanitario en que sus limitados recursos hacen que sea necesario garantizarlo adecuadamente". Y con un tono de advertencia expone que "el desacierto es evidente y fragmentario cuando sólo se trata de examinar los derechos e intereses" de los restauradores y las medidas que los afectan sin tener en cuenta o incluso "devaluando" los intereses públicos.