Mariano Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución española e, inmediatamente, convocó elecciones para el 21-D sin tener en cuenta, quizás, los costes (en todos los sentidos) de hacerlo en un día laborable. Ahora, Pimec denuncia que celebrarlas en jueves comportará un coste adicional para la economía catalana de 230 millones de euros en relación al coste de oportunidad y, aunque admite que "el actual contexto político requería una cierta celeridad en la convocatoria de elecciones", también lamenta que hacerlo en día laborable comportará unos costes económicos y organizativos "importantes" para las empresas.

Para empezar, 5.329.139 personas están llamadas a las urnas el 21-D —sin contar con los residentes extranjeros— y la ocupación es del 54,09%. Por lo tanto, estos trabajadores, si finalmente aquel día no se declara como no laborable para nadie —tal y como pidió la semana pasada la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Catalunya (FaPaC)—, tienen derecho a disponer de horas para salir a votar, dependiendo del número de horas que hagan en el trabajo y de como coincidan con el horario electoral, .

Y no solo eso. Lógicamente, miles de personas tendrán que ir a cumplir con su deber de presidir o ser vocal de una mesa electoral y eso también tiene un coste para la empresa, porque no solo el trabajador no irá al trabajo aquel día, sino que, según establece el artículo 28 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, también tiene derecho "a disfrutar de un permiso retribuido correspondiente a la jornada completa de este día y a la reducción de las cinco primeras horas de la jornada laboral del día inmediatamente posterior, también con derecho a retribución".

Ausencia total

De hecho, si por cada mesa tiene que haber un presidente y dos vocales, y hay 8.240 mesas repartidas por todos los colegios electorales de Catalunya, 25.720 personas tendrán que ocupar estos puestos y cumplir con su deber como ciudadano. Eso, Pimec lo cuantifica en 12.962.332 euros, mientras que el impacto económico que dejarán los electores sube hasta los 217.238.448 euros.

Pero todavía habrá más gente que no podrá acudir en ningún momento del día a su puesto de trabajo. Por cada partido y mesa habrá un interventor que también pasará allí toda la jornada electoral, lo que puede incrementar a más del doble el número de personas que no puedan ir a trabajar aquel día.

Todo acabará repercutiendo en el Producto Interior Bruto (PIB) catalán y, consecuentemente, en el de toda España.

Elaboración de la mesa|tabla: Pimec

Aparte de eso, Pimec prevé una participación similar a la del 27-S de 2015, que fue del 77,44%, y eso, lógicamente, también suma a la hora de tener que cubrir trabajos durante las horas que los trabajadores vayan a votar, que calculan que será de una media de tres horas para los asalariados y de una hora para los ocupados por cuenta propia.

Y es que, todo, acabará sumando una gran cantidad de pérdidas económicas tanto para las empresas como para la producción de bienes y servicios, no sólo de Catalunya, sino de todo el Estado. Pero no solo eso. También, y como ya alertaron CCOO y UGT, las empresas pueden obstaculizar a sus trabajadores para ir a las urnas porque consideran que "la aplicación del decreto de elecciones y las cuatro horas de permiso remunerado del 21-D no queda bien especificado en todos los casos".