Las elecciones en Catalunya cuelgan de un hilo cada vez más frágil a medida que los expertos alertan de los riesgos que plantean la actual situación de pandemia provocada por el coronavirus. Si el martes el aviso del Govern que la situación es muy grave y obliga a reflexionar apuntó que el 14-F estaba ya sentenciado, hoy ha sido el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, quien ha advertido que más de 200.000 personas se podrían ver privadas de su derecho al voto. Por el contrario, Foment y PIMEC insisten en reclamar que no se aplacen.
Euskadi y Galicia se encontraron durante la primera ola del confinamiento en una situación similar. El 16 de marzo decidieron aplazar las elecciones que tenían previstas para el 5 de abril. La principal diferencia entre aquel precedente y la situación en Catalunya es que todos los partidos de las respectivas Cámaras cerraron filas con el gobierno, lo cual desvaneció cualquier conflicto político en la decisión.
Reticencias del PSC
En el caso de Catalunya, tanto el PSC como el PP expusieron claras reticencias en la reunión del lunes pasado subrayando que el voto es un derecho fundamental y que la obligación de los gobiernos es preservarlo con todas las garantías democráticas y sanitarias. Esta mañana, la portavoz del PSC, Eva Granados, ha insistido en el Parlament que "en Catalunya toca votar".
Aunque el lunes el representante del PSC advirtió durante la reunión de partidos que si el Govern no argumenta con bastante claridad su decisión podría provocar un recurso ante el Tribunal Constitucional, fuentes socialistas consultadas por ElNacional.cat apuntan que no tomarán ninguna decisión hasta conocer la conclusión del Govern y las razones que se argumentan.
Efecto de las encuestas
Tras este malestar se apuntan también los recelos provocados por las encuestas. El efecto que un aplazamiento podría tener en las diferentes fuerzas políticas que rivalizan por las primeras posiciones en unos comicios de resultado incierto, como ha demostrado las encuestas.
Los sondeos apuntan que ERC, que partía como clara ganadora, pierde fuerza mientras que el nuevo candidato del PSC, Salvador Illa, ha conseguido proyectar la candidatura socialista y JxCat recupera posiciones con la elección de su presidenciable, Laura Borràs. Cs, que ganó el comicios del 2017, aparece hundimiento a las encuestas.
En este contexto, el efecto electoral del aplazamiento no será neutro y amenaza con contaminar la decisión y proyectar dudas. Desde el Govern se intenta evitar estas sombras dejando en manos de los expertos la valoración del escenario. Esto, sin embargo, ha situado de rebote a los responsables técnicos de Salut en el foco del debate.
Vacío legal
Al igual que pasa en Catalunya, vascos y gallegos se enfrentaron a un vacío legal en relación a este tema. También el Govern, según anunció ayer Budó en rueda de prensa ha pedido a los servicios jurídicos que información sobre los condicionantes legales de la medida.
Precisamente, los informes jurídicos en que se sustentaron las decisiones del gobierno de Euskadi señalaban la necesidad de buscar máximo consenso posible entre todas las fuerzas políticas para cerrar este acuerdo. Pero concluían que dado que es el presidente del gobierno quien convoca las elecciones, era también el lehendakari quien tendría que asumir la potestad no prevista de aplazarlas. La misma conclusión expusieron los servicios jurídicos gallegos.
El lehendakari Iñigo Urkullu / Europa Press
También Budó advirtió ayer que la decisión última será del Govern. En el caso de Catalunya no hay president, pero es el vicepresident quien ha asumido las funciones y, tal como anunció a la consellera de Presidencia, Pere Aragonès firmará un decreto para aplazar los comicios después de la reunión extraordinaria de Govern que se celebrará con posterioridad a la reunión de la mesa de partidos convocada para el viernes.
Nueva fecha electoral
La principal divergencia que se planteó entre los servicios jurídicos de Galicia y Eukadi es la nueva fecha electoral. En los dos casos se aplazó la cita sin fijar una nueva fecha, y se remitió esta a la mejora de la situación de la pandemia. No obstante, los servicios jurídicos vascos apuntaron que se tendría que firmar la nueva convocatoria 54 días antes de la jornada electoral, como marca la Ley, sin tener en cuenta el calendario ya transcurrido desde que se habían convocado las elecciones de abril; mientras que los letrados gallegos señalaron que había que descontar los días ya transcurridos del proceso electoral. Finalmente, sin embargo, las elecciones se acabaron celebrando el mismo día en los dos territorios y se convocaron 54 días antes, como marca la Loreg.
El presidente de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo / Efe
En el caso catalán, Budó apuntó ayer que la previsión es que en el mismo decreto donde se acuerde el aplazamiento se fije también la nueva fecha. Para hacerlo reclamó las proyecciones de los expertos sobre el descenso de la ola de contagios, lo cual, según se ha apuntado, podría situar los nuevos comicios entre mayo y junio.
En Euskadi y Galicia finalmente, las elecciones se acabó celebrando el 12 de julio. Como estaba previsto, el PNB de Iñigo Urkullu y el PP de Alberto Núñez Feijóo revalidaron las respectivas mayorías que en el cas del gallego era de nuevo absoluta.
En la imagen principal, un colegio electoral en Galicia el pasado 12 de julio / Efe