La Junta Electoral Central hundió las audiencias de TV3 y del 3/24 al 3% (35.000 personas) este sábado al obligar a ambos canales a emitir una "programación compensatoria" en favor de Ciudadanos, PSC y PP, partidos, a los que la JEC consideró perjudicados por la emisión en directo de la manifestación por el derecho a decidir celebrada en Madrid el 16 de marzo, según informa el diario Ara. La manifestación la convocaron más de 60 entidades, colectivos sociales y formaciones políticas de todo el estado español.
La JEC obligó a los medios de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) a emitir el contenido electoral escogido por esos tres partidos, que optaron por los mítines de inicio de campaña de las elecciones generales. El orden y tiempo de aparición, proporcional a su representación en el Congreso fue: Cs (34 minutos), PP (40 minutos) y PSC (47 minutos).
Para hacerse cargo de la magnitud de la tragedia, el jueves pasado TV3 consiguió una audiencia del 15,7% y volvió a ser la cadena más vista en Catalunya. El sábado de la manifestación en Madrid, en la misma franja horaria, entre TV3 y el 3/24 sumaron 468.000 espectadores y una cuota del 26,3%. Este año, la cuota de audiencia media de las películas que TV3 emite a esta hora del sábado es del 7,5% (122.000 personas).
A pesar de las dos horas de castigo, TV3 volvió a ser la cadena más vista del día con un 10,8% de la audiencia media. Telecinco, la segunda, sumó un 10,1%.
Este castigo de la JEC tiene su origen en un recurso de Ciudadanos ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona que consideraba la cobertura de la manifestación de Madrid contraria al "pluralismo político y social, así como la igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa". La Junta Electoral de Barcelona consideró que la cobertura "no fue excesiva", ni incumplía la ley electoral.
Cs recurrió a la Junta Electoral Central, en Madrid, que revocó el acuerdo de la de Barcelona al considerar que la CCMA "vulneró los principios de pluralismo político y neutralidad informativa" y le impuso la obligación de compensar a los partidos que apoyaron la manifestación.