Empujones y avisos por megafonía. Es como los Mossos d'Esquadra están intentando estos días desalojar los cortes independentistas en la Meridiana después de que ahora hace unos días la Conselleria de Interior ordenara, después de 665 días de cortes, que los concentrados tendrían que desplazarse a una zona próxima para así minimizar el impacto de la protesta sobre la vía pública. El día que se produjo la máxima tensión fue el 13 de febrero, cuando entraba en vigor la medida de Interior, ya que fueron diversas las personas que participaron del corte para protestar contra la medida: fue entonces cuando agentes de la policía catalana dieron porrazos a los manifestantes, uno golpes que no se han vuelto a producir desde aquel día, en una actuación que el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, reivindica que se está haciendo con diálogo y proporcionalidad.
En medio de los cortes han aparecido también españolistas increpando los manifestantes e incluso representantes políticos como la diputada de Cs Anna Grau. Hoy la cuestión ha llegado al hemiciclo del Parlament de la mano de la diputada del PP Lorena Roldán, que ha criticado que los cortes se sigan produciendo, ha pedido al conseller de Interior que se esfuerce más, y ha cargado contra la decisión de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de acudir al corte porque a su parecer hace daño en la imagen de la Cámara catalana. Ante todo, Elena ha sido muy claro: "Los operativos son los que deciden cómo se actúa en cada momento, atendiendo a un criterio que se llama proporcionalidad. Las cosas no se tienen que hacer con porrazos, sino con proporcionalidad, y se está haciendo muy bien por parte de los Mossos, con diálogo y proporcionalidad".
Elena ha reivindicado que el Govern está para garantizar derechos y libertades, y ha recordado que las manifestaciones se comunican a Interior pero que no se pueden prohibir "por la voluntad de un conseller", ya que hay una normativa que establece que se pueden hacer manifestaciones y que si se tiene que intervenir, es cuando hay una cuestión de orden público, como está haciendo el Ejecutivo: "Así se hacen las cosas en un estado democrático y de derecho", ha lanzado a Elena a Roldán, a la cual ha pedido también que dejen de ir de la mano de la extrema derecha a provocar en este tipo de movilizaciones.
El PSC y la Ley Mordaza
Sobre movilizaciones y sus consecuencias también ha hablado Elena en otra pregunta durante la sesión de control, esta vez del diputado del PSC-Units Ramon Espadaler, después de las últimas noticias de la intención del Govern de no aplicar la ley Mordaza amparándose en sentencias europeas y del Tribunal Constitucional: "No tiene ningún sentido que cuando una persona se manifiesta pacíficamente pueda ser sancionada", declaraba el titular de Interior en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Espadaler ha exigido al Govern cumplir con la ley Mordaza y así no complicar las cosas, y entonces Elena ha reprochado al PSC que se comprometiera en su momento a derogar la ley Mordaza y ahora reclame aplicarla con la máxima rigidez: "No me sorprende que no la hayan derogado, pero sí que sean los principales garantes de que se cumpla con la máxima rigidez, con mano de hierro," ha dicho Elena, y ha recordado que años atrás los socialistas decían que esta ley era más propia de regímenes de la Hungría de Orbán que de un régimen democrático.
Así, ha explicado que todas las administraciones fijan criterios de interpretación en el cumplimiento de leyes y normas, y que los que han establecido en relación a la ley Mordaza van en la línea de lo que marca el Tribunal Constitucional en relación a los derechos humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Además, ha remarcado que estos criterios los ha avalado el gabinete jurídico de la Generalitat y los letrados del Parlament.
Elena lo ha reiterado también en respuesta a otra interpelación sobre el mismo tema del diputado de Cs Matías Alonso, en la cual ha concretado que algunos de los criterios que aplicarán es separar la instrucción del levantamiento de actas, y que cuando se tenga que sancionar a alguien por algún delito se dirija a la persona concreta y no al colectivo en su conjunto que organiza una movilización.