El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha vuelto a reclamar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que agilice los trámites para que los Mossos d'Esquadra puedan escoltar al president en el exilio Carles Puigdemont. En una carta, el conseller ha recordado que todos los expresidents de la Generalitat tienen derecho a la protección policial y ha argumentado que la figura de Puigdemont "toma una especial relevancia pública" tras haber sido nombrado candidato a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. "Solicito que dé las indicaciones necesarias para el efectivo cumplimiento del servicio de acuerdo con la legislación vigente", ha pedido Elena, que también ha apuntado que una parte de la campaña del candidato de Junts se desarrollará en la Catalunya Nord, y que, como es territorio bajo administración francesa, los Mossos d'Esquadra necesitan el permiso del Gobierno para poder actuar y llevar armas.
Elena ha recordado que desde la Conselleria de Interior periódicamente se ha solicitado que se active un servicio de protección para Puigdemont, de acuerdo con el estatuto de los expresidents de la Generalitat de Catalunya, pero que nunca se ha autorizado. En este sentido, el conseller ha incidido en que hace meses, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, dijo que tramitaría la petición, pero que de momento no ha habido respuesta. Elena ha reiterado su petición porque considera que el nuevo estatus de candidato a la presidencia de la Generalitat de Puigdemont afecta a su "proyección pública y, en consecuencia, a su seguridad". "El president Puigdemont, como cualquier expresident de la Generalitat, necesita un servicio adecuado y dimensionado a su situación", ha afirmado en la misiva. Finalmente, Elena ha instado a Marlaska a remitir la petición al Ministerio de Asuntos Exteriores "lo antes posible", ya que el servicio probablemente se tendrá que prestar "en el extranjero".
La autorización que nunca llega
La última vez que el president Puigdemont hizo la petición para que se le asignara un escolta fue el pasado noviembre. El jefe la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, se lo reclamó a Joan Ignasi Elena, que a su vez traspasó la solicitud a Marlaska. En ese momento, el Gobierno se excusó diciendo que primero lo tendría que consultar a la Abogacía del Estado. Cuatro meses más tarde, este órgano, que depende del ministerio de la Presidencia y Justicia, todavía no ha tomado ninguna decisión.