La exlíder de Junts en Barcelona, Elsa Artadi, ha declarado este jueves como testigo ante el juez del caso Volhov, el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, que el presidente Carles Puigdemont la envió a una reunión con un ciudadano ruso, traído por Víctor Terradellas, exjefe de relaciones internacionales de Convergència, en octubre de 2017 porque ella es economista y querían hablar de criptomonedas, según fuentes judiciales. Ha asegurado que la reunión, en el Hotel Colon, duró solamente veinte minutos y que ella no tenía claro qué querían, aunque le preguntaron qué haría Catalunya con la legislación de criptomonedas. Artadi también asistió a una reunión con unos supuestos emisarios del Kremlin con Puigdemont, en la Casa de los Canonges, y ha asegurado que solo duró cinco minutos, que todo era muy difuso y que no recuerda quiénes eran ni de lo que se habló, pero que a ella no le pidieron hacer seguimiento de esta reunión. Artadi entonces era secretaria de coordinación interdepartamental de Presidencia. Al final de la declaración, que ha sido corta, el magistrado Joaquín Aguirre la ha advertido que no se creía su declaración y que podría tener consecuencias penales. Con todo, Artadi, que recientemente ha dejado la política activa, ha podido salir por la puerta de atrás y esquivar a los periodistas.
El nombre de Artadi fue citado por Víctor Terradellas en la declaración que hizo como investigado, el 11 de mayo pasado, ante el juez Aguirre. Terradellas, con su abogado Francesc Sánchez, declaró que participó en dos reuniones con Puigdemont y los supuestos representantes del entorno del gobierno ruso, el 24 y 25 de octubre de 2017, a dos días de la anunciada declaración de independencia de Catalunya, al final suspendida. Terradellas aclaró al juez que los representantes rusos, traídos por Jordi Sardà Bonvehí, querían saber que cuando Catalunya fuera un país independiente como se financiaría y que ellos ofrecían hacerlo con el negocio de las criptomonedas. Hace unas semanas, desde la oficina del presidente Puigdemont se confirmó que mantuvo una reunión la víspera del 27 de octubre a la Casa de los Canonges, a petición de Víctor Terradellas, con unos ciudadanos rusos, como había hecho con otras autoridades y sin llegar a ningún compromiso. El Periódico reveló que en la segunda reunión participó Nikolay Sadavnikov, a quien atribuye vínculos con el ministerio de Exteriores ruso y con una empresa de Panamá, y también Sergey Motin, del cual explica que dejó sin pagar un tratamiento en una clínica de Barcelona y posteriormente murió de cáncer. Y la referencia de Sardà Bonvehí, es que estuvo implicado en una supuesta estafa sobre venta de gas en Ucrania.
"Rusia iba con España"
Antes de Artadi, ha declarado el empresario ruso residente en Barcelona Alexander Dmitrenko como investigado en el caso Volhov ante el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, y ha asegurado que sus gestiones con Rusia no eran para impulsar el procés de independencia de Catalunya, según fuentes judiciales. En concreto, el fiscal Fernando Maldonado, y el juez le han preguntado por qué el jefe de la oficina del presidente Puigdemont, Josep Lluís Alay, lo felicita y comparte su alegría en junio de 2020 (en un chat del móvil intervenido judicialmente) por una operación de venta de gas licuado de una empresa rusa a una china, operación de la cual se pagaron 295.000 euros, pero que no llegó a buen puerto. Ha explicado que él hacía de intermediario y la alegría era que cobraría una comisión, que al final no consiguió, y que iría bien para Catalunya porque tributa aquí. El juez se lo ha cuestionado, ya que le ha contestado que, según la información, él pidió cobrar la comisión en una cuenta en Rusia. Según las conversaciones intervenidas, la operació entre Rússia y China fue posibilitada por personas vinculadas a empresas suyas y en la que intervino Artem Lukoyanov, hijo adoptivo de Vlasilav Shurkov, apodado el 'cardenal gris', un influyente exasesor personal del presidente ruso, Vladimir Putin.
El fiscal se opuso a esta investigación al considerarla "prospectiva". La Audiencia de Barcelona, pero avaló la investigación. El juez Aguirre encargó, el septiembre pasado, a la Guardia Civil que investigara si esta operación de venta de petróleo entre Rusia y China era "una pantalla para alguna financiación ilegal de un partido político".
Negocios
En la declaración de hoy, Dmitrenko ha asegurado que su vínculo con Alay es porque lo conoció como profesor de la Universidad de Barcelona y él le abrió las puertas de la Cambra de Comerç de Barcelona, donde le hicieron incluso una tarjeta que ponía "embajador" de la cambra en Rusia. El empresario, pero ha negado ninguna acción política en sus reuniones y viajes a Rusia, y ha negado la existencia de ninguna trama rusa. Dmitrenko ha relatado que Catalunya, con el puerto de Barcelona y el de Tarragona, podría ser un buen destino para traer petróleo o gas licuado ruso, pero que desde las autoridades de allí le dijeron que no hiciera ninguna gestión para no perjudicar relaciones con España."¿Así con quién iba Rusia con España o con Catalunya?", le ha preguntado al abogado Gonzalo Boye, durante el interrogatorio, y Dmitrenko ha respondido: "Con España", según fuentes judiciales. El Gobierno denegó la nacionalidad española en el 2020 a Dmitrenko, acusado de ser un espía ruso, aunque recientemente se le ha concedido un permiso de residencia y poder viajar a los Estados Unidos.
El marzo pasado, Dmitrenko negó ser un contacto del presidente Carles Puigdemont con el Kremlin de Vladímir Putin y cargó contra aquellos que "se han inventado el relato que soy un espía ruso", en unas declaraciones en la radio. Y añadió: "Con Carles Puigdemont lo vi una vez en Ginebra cuando ya era eurodiputado y nada más. A él personalmente le han hablado de mí y por cortesía nos conocimos en una reunión de cinco minutos en una sala enorme de un hotel." En la declaración de hoy, Dmitrenko ha estado asistido por un abogado del despacho Riba-Vidal.