El que era embajador en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, ha admitido que junto con su hijo Alejo cobró 4,5 millones de euros de la petrolera estatal venezolana PDVSA a través de "operaciones simuladas" a cambio de asesorías ficticias millonarias. Morodo ante la Sección Tercera de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha reconocido que cometió al menos un delito fiscal durante el ejercicio del 2014, por el que acepta una pena de prisión de 10 meses y una multa de 1,4 millones de euros, según ha adelantado El Mundo. Morodo ha conseguido un acuerdo de conformidad con la Abogacía del Estado, la Fiscalía Anticorrupción pedía para él tres años y medio de prisión. El hijo de Morodo asume una condena de 24 meses de prisión —18 por uno de los delitos fiscales y seis por el otro— y afronta la mayor parte de las multas al haber administrado las sociedades instrumentales. Al asumir el delito y las penas, tanto él como su hijo, eluden la prisión porque las penas no superan los 2 años.
Estructura para defraudar a hacienda
Raúl Morodo y Alejo Morodo reconocen haber utilizado un entramado empresarial formado por las sociedades Aequitas Abogadosy Consultores Asociados, S.L., Furnival Barristers Corp, S.A., y Morodo Abogados y Asociados, S.L., con el objetivo de defraudar a Hacienda con los cobros que recibían de PDVSA, que la era único cliente de ambas empresas y que subieron hasta los 4,5 millones. Según las conclusiones de la investigación, "carecían de medios personales y materiales y de actividad comercial para facturar los servicios que, en caso de acreditarse su efectiva prestación, solo ejecutaría a Alejo Morodo".
El pacto de conformidad admite que "la simulación se realiza mediante la emisión de facturas a los clientes por las tres sociedades mencionadas". Y añade que, por lo tanto, "la creación de estas sociedades carece de una causa real dentro de la relación de servicios profesionales personalísimos prestados por la persona física a sus clientes, siente su finalidad principal la obtención de una reducción ilícita de la carga fiscal evitando la tributación directa de la persona física por IRPF". La misma estrategia ha seguido al hijo del embajador, que llegaba al juicio con una petición de 8 años y medio de prisión y después de la conformidad con Anticorrupción, se queda con dos penas de 18 meses y 6 meses de prisión por los dos ilícitos contra la Hacienda Pública que ha reconocido. El pacto también incluye que "las cantidades percibidas" por las entidades procedentes de la petrolera estatal venezolana, fueron, "disfrutadas e incorporadas al patrimonio personal de Aleteo Morodo mediante transferencias directas o satisfacción de gastos de naturaleza personal".
Los investigadores apuntan que en las empresas Aequitas y Furnival "la prestación de servicios se realiza a un único cliente: la sociedad venezolana PDVSA". Las dos compañías emitían y cobraban facturas en concepto de consultoría y asesoría en "relaciones internacionales". Sin embargo, reconocen que "no se han acreditado la realidad de estos servicios". Una vez recibían los fondos de PDVSA, la sociedad Aequitar "realizó transferencias sin justificación a Raúl Morodo en su cuenta del Banco de Sabadell por valor de 95.000 y 240.000 euros respectivamente". Con respecto a Furnival la operación era muy similar. Los investigados admiten que desde la creación de la empresa en el 2008 solo presta servicios a PDVSA, aunque "no dispone de ninguna estructura material ni humana para poder hacer su actividad". La mujer de Aleteo Morodo, Ana Caterina Varandas, se sentará en el banquillo este martes, ya que ella no ha llegado a ningún pacto de conformidad y afronta por el mismo tipo de delitos ocho años y media prisión y 1,3 millones de euros de multa.
El origen del caso
El caso Morodo tiene su origen en 2019, cuando la Fiscalía interpuso una querella con la que acusaba a Raúl y Alejo Morodo de un delito de blanqueo de capitales, y acusaba al clan familiar de haber recibido al menos 4,5 millones de euros de PDVSA, que no tenía "justificación real y lógica comercial". La Fiscalía sostenía que Alejo Morodo aprovechó las relaciones del padre con altos cargos de Venezuela entre 2004 y 2007 mientras era el embajador "para poner en marcha una relación comercial con PDVSA para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional que se extendió hasta 2014".
Los trenes miembros de la familia fueron procesados en enero del 2023 después de una instrucción judicial que apuntaba que habían utilizado un entramado societario para evitar el pago del IRPF sobre los ingentes beneficios que estuvieron obteniendo en los años 2013, 2014 y 2017 por una supuesta actividad de asesorías a la petrolera estatal venezolana, PDVSA. Junts, habrían defraudado 617.442,62 euros en el 2013 y 315.273 euros en el 2014.