El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, acaba de informar que el Estado acaba de embargar 246.559,13 euros a la entidad soberanista. La ANC ha tenido conocimiento de este embargo a través de varios proveedores, sin haber recibido aún ninguna notificación oficial, según aseguraron fuentes de la propia entidad. El embargo tiene que ver con la organización de la gigaenquesta y no se descarta que Òmnium Cultural pueda tener el mismo tratamiento. Con todo, fuentes de Òmnium señalan que no tienen constancia de ningún tipo de embargo.
L'estat espanyol acaba d'embargar l'@assemblea 246.559,13€. Ens volen derrotats, però ens mantindrem alçats i ferms. Votarem i guanyarem! pic.twitter.com/rQXNJqDSON
— Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 9 de febrero de 2017
El embargo tendría que ver con la multa de 440.000 euros impuesta a las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural -que actualmente están recurridas en la Audiencia- por uso inadecuado de datos personales en la gigaenquesta de 2014.
En declaraciones a Rac1, Sànchez ha asegurado que, a falta de notificación oficial, desde la entidad trabajan en la suposición que el embargo tiene que ver con el supuesto "uso indebido de datos en la gigaencuesta de hace unos años", para añadir que la medida, pese a "afectar" a la entidad, no supondrá el fin de la misma: "No acabarán con nosotros ni con nuestra capacidad de movilización", ha zanjado.
La misma entidad ha difundido un tuit donde alertan que pese a que "la maquinaria del Estado español no se para, nosotros tampoco".
La maquinària de l'Estat espanyol no s'atura. Nosaltres tampoc.
— Assemblea Nacional (@assemblea) 9 de febrer de 2017
Amb pas ferm cap al #referèndum pic.twitter.com/DA2xDAjiC6
La gigaenquesta
Los hechos en cuestión se remontan al 2014 cuando, meses antes del 9-N, las dos entidades soberanistas impulsaron la gigaenquesta, un cuestionario hecho por voluntarios y que quería valorar la opinión de los ciudadanos ante la consulta.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), una institución estatal independiente, impuso una multa de 440.000 euros a las dos entidades por haber infringido un artículo de la Ley de Protección de Datos. Según esta institución la ANC y Òmnium infringieron la ley de forma "grave" al hacer uso de datos que revelan filiación política de los encuestados sin obtener por escrito su consentimiento. Por este motivo imponía una multa de 240.000 euros a la ANC y 200.000 a Òmnium. La multa es superior en 40.000 en el caso de la ANC por una supuesta falta de protección de los datos de sus afiliados, que se hicieron públicas por una filtración.
Detrás de la multa están las denuncias de Ciudadanos, VOX y 18 particulares contra las dos entidades ante la Agencia Española de Protección de Datos, aduciendo que la gigaenquesta violaba la intimidad de los ciudadanos, "obligándoles a manifestarse sobre hechos ideológicos especialmente protegidos por la ley de protección de datos nacional y europea", según la denuncia de VOX. Los dos partidos consideraban que la gigaenquesta permitía hacer una "lista negra" de no independentistas.