Todas las previsiones se han confirmado con la entrada en vigor de la Ley de amnistía del procés, este martes tras su publicación en el BOE. La mayoría de jueces y tribunales han empezado a cumplir la norma y han realizado el primer paso que es consultar a la Fiscalía, acusaciones y defensas si los casos que tienen relacionados con el 9-N y el 1-O, y que sucedieron entre el 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023, encajan en los supuestos de la ley para que se decrete su extinción definitiva. Los magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, a pesar de hacer las consultas a las partes, ya han mostrado su reticencia a cumplir lo que dice la ley, criticada abiertamente por la mayoría de asociaciones judiciales y fiscales. La prueba más evidente es que el juez instructor del 1-O en el Supremo, Pablo Llarena, ya ha anunciado que mantiene la orden de detención en el Estado español del president en el exilio Carles Puigdemont y de los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín, por el delito de malversación, además de Marta Rovira, por el de desobediencia que no implica prisión, aunque la norma del olvido penal deja claro que estas medidas cautelares tienen que decaer "de forma inmediata". ¿Eso significa que el juez Llarena incumple la ley y puede ser denunciado por prevaricación?
Esta próxima semana se puede ver el desenlace. El magistrado Llarena ha dado cinco días de plazo a las partes personadas -hasta el próximo martes o el 19 de junio, si se cuenta el día de gracia que dan todos los tribunales en las partes- para que informen no solo si se puede aplicar la ley de amnistía, sino que indiquen si es "aplicable o inaplicable" con relación al delito de malversación por el 1-O que se imputa a Puigdemont, Comín y Puig por la organización del 1-O y si puede ser excluido, como indica la ley cuando "afectan a los intereses financieros de la Unión Europea". No está solo. Los compañeros de Llarena en la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que dirige Manuel Marchena, también han dado 5 días a acusaciones y defensas para que respondan si se puede amnistiar el delito de malversación por el 1-O por el que fueron condenados el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers a Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, y que los liberaría o no de la inhabilitación a cargo público que tienen hasta el 2030 y 2031. Además, la sala de lo penal del Supremo tendría que resolver los recursos que se presenten a la respuesta de Llarena, que nuevamente, se puede apoyar en el partido ultra Vox. Por su parte, el fiscal general del Estado ya ha dejado claro que se tiene que amnistiar la malversación del 1-O, a pesar de la rebelión que le han montado los cuatro fiscales del Supremo.
Las tres opciones de Llarena
Los abogados tienen que cumplir los plazos fijados. Los jueces no tienen, todo y que en este caso la ley de amnistía fija que tienen dos meses para aplicarla. Eso significa que el juez Llarena puede resolver la próxima semana si mantiene la orden cautelar para detener a Puigdemont o la levanta, como ordena la ley. La respuesta ya la tiene clara y no hacerla pública, con una resolución, demostrará que hace política, como le acusan desde Junts. El hecho de que haya dado 5 y no 10 días a las partes, como es habitual, ya demuestra que es consciente de que el procedimiento es urgente y puede volver a influir en la política catalana. La primera convocatoria de la investidura es el 25 de junio y Puigdemont y su abogado, Gonzalo Boye, han afirmado por activa y por pasiva que irá al Parlament de Catalunya, aunque ahora se abre la puerta que sea una investidura fallida y sin candidatos, para poner en marcha el reloj para nuevas elecciones.
La primera opción es que el juez Llarena mantenga la orden de detención de Puigdemont y Puig cuando atraviesen la frontera. La dirección de los Mossos de Esquadra ya ha estudiado una actuación si llega este extremo, además tiene que garantizar la seguridad de un presidente de la Generalitat cuando pone un pie en el país. La policía catalana tendría que conducirlos a un juzgado a fin de que desde allí se comunique con el juez Llarena, en Madrid, al cual tendría que resolver si dejarlos en libertad, como hizo con la exconsellera Clara Ponsatí, o hacerles encarcelar por el alto riesgo de fuga. La segunda opción es que levante la orden de detención de Puigdemont, Puig y Comín y cumpla la norma.
La suspensión, como pide Turull
La tercera opción y la más factible es que el magistrado del Supremo ordene la suspensión de la orden de detención. ¿Por qué? Llarena puede argumentar que tiene que consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si la malversación es amnistiable, y hasta obtener una respuesta, pueden pasar unos 18 meses, y para no perjudicar a Puigdemont y los exconsellers con la medida restrictiva de derechos que es la prisión, les suspende la detención. La suspensión, sin embargo, puede ser recurrida por una de las partes, como Vox, y la sala de lo penal de Marchena puede levantarla y decretar en vigor la detención de los políticos catalanes.
La suspensión es una opción ya pedida por la defensa del exconseller Jordi Turull. Su abogado, Jordi Pina, ya ha pedido la amnistía para el secretario general de Junts y que se le levante la parte de la condena que le queda: la inhabilitación a cargo público hasta el 2030. Y, en caso de que el Supremo se plantee una consulta en el Tribunal Constitucional o en el TJUE, hecho que implicará dejar congelada la aplicación de la amnistía, le pide que "suspenda la ejecución de la inhabilitación hasta que finalice la suspensión de la aplicación de la ley".
Ágora Judicial llama a los jueces a "no considerarse víctimas"
El Tribunal Supremo hace tiempo que ya ha marcado su hoja de ruta, y habrá que ver hasta dónde llega su interpretación de la ley de amnistía. Con la entrada en vigor de la norma, la asociación de jueces Ágora Judicial ha sido la única que, en un comunicado, ha hecho una crítica abierta a compañeros de la judicatura que en estos meses de negociaciones políticas han hecho una oposición insólita a la norma, con declaraciones e informes. La asociación, con la mayoría de miembros en Catalunya, ha recordado la "prohibición" de hacer críticas a los otros poderes públicos. Además, Ágora Judicial ha hecho un llamamiento al "Poder Judicial español para que se comporte como tal, para que actúe realmente como tercero imparcial y deje de considerarse parte perjudicada o víctima, y retorne al terreno de la legalidad y de la separación de poderes, donde nunca se tendría que haber alejado.