Nueva oportunidad para reconocer y garantizar el “derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición” de las víctimas del robo de bebés en el Estado español. Por tercera vez, diferentes grupos parlamentarios han registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con este objetivo. En esta ocasión, han sido la mayoría de los socios de investidura de Pedro Sánchez, excepto el propio PSOE: ERC, Junts, Bildu, Sumar, Podemos y el BNG. Aparte de los socialistas, tampoco la ha suscrito el PNV y Coalición Canaria. Sin embargo, los impulsores de la iniciativa aseguran que cuentan con el “compromiso explícito” tanto del PSOE como del PP para facilitar la toma en consideración de la proposición de ley y que pueda iniciar su recorrido parlamentario.

Y no solo esto: “Tienen como prioridad sacar esta ley, no solo en esta legislatura, sino lo antes posible”, ha subrayado Soledad Luque, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, que ha pedido a los grupos que “no se queden en palabras”. Desde la entidad, no han hablado con Vox porque no hablan con “negacionistas”. En las dos ocasiones anteriores en las que también se impulsó una proposición de ley de estas características, la iniciativa quedó paralizada y aparcada. Ambas superaron su primer examen parlamentario, la toma en consideración, pero no fueron más allá de la segunda fase de la tramitación, la presentación de enmiendas, y acabaron decayendo por sendos adelantos electorales.

Soledad Luque, que ha destacado que han estado trabajando con los grupos parlamentarios “durante más de siete años”, ha relatado que la ley está basada en los principios de Naciones Unidas. Establece la “apertura de archivos públicos y privados”, como los de la Iglesia católica, incluye medidas de justicia para “favorecer los procesos judiciales” y prevé campañas de “sensibilización”. También apuesta por la creación de una fiscalía especializada, de un banco de datos genéticos estatal gratuito y de una Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. En relación con las medidas de reparación, estas no pasan “de ninguna manera” por indemnizaciones económicas, sino por medidas de “atención a las víctimas, como el acompañamiento” o medidas “reparatorias de mediación o de asistencia psicológica y médica”. En todo esto, se trata de un modelo que se “replica” desde Argentina, que es el “espejo” donde se mira esta iniciativa. “Allí, su lucha ha conseguido la recuperación de 133 nietos y esperamos que aquí, si ese modelo se puede adaptar, conseguiremos también muchos reencuentros”, ha apuntado Soledad Luque.

30.000 niños desaparecidos hasta 1954

Sobre cifras, Luque ha señalado que desaparecieron “30.000 niños tutelados por el franquismo” hasta el año 1954. Sin embargo, más allá de esa fecha, “las desapariciones continuaron” y el volumen total no se puede saber porque no ha habido una investigación. “Es lo que pedimos en la ley”, ha puntualizado. La cifra de los 30.000 niños apartados de sus madres es la que apareció en un auto de noviembre de 2008 del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. “Lo único que tenemos son esos números, pero creo que son suficientes para que el Estado ponga ya en marcha medidas de investigación no solamente para conocer la verdad, sino también para juzgar a los culpables”, ha remachado Soledad Luque.

El precedente de la pasada legislatura

La última votación sobre esta cuestión se produjo en junio de 2020, cuando se tomó en consideración una proposición que en esa ocasión había sido registrada por ERC, Junts, la CUP, Unidas Podemos, el PNV, Bildu, Compromís y el BNG. Solo recibió el rechazo de Vox y del Foro Asturias. Sin embargo, quedó aparcada en un cajón durante más de dos años y medio y no fue hasta inicios de 2023 que se cerró el plazo para presentar enmiendas. Después, no hubo tiempo ni voluntad de estudiarlas para permitir que se aprobara. El adelanto electoral hizo que acabara descarrilando.

Anteriormente, en 2018, había sido registrada por el PSOE, CiU, ERC, Unidas Podemos, Bildu y Compromís, pero los republicanos y los morados retiraron posteriormente su firma. Se tomó en consideración por unanimidad en noviembre de 2018, pero la disolución anticipada de las Cortes Generales pocos meses después imposibilitó el intento de tirarla adelante.