Reacción. El editor y director general de SOM, Oriol Soler y uno de los doce investigados en la causa de Tsunami Democràtic, ha pedido en la Audiencia Nacional que aparte al juez Manuel García Castellón de esta investigación "por interés directo o indirecto a la causa" por  las declaraciones contra la amnistía, que hizo el 5 de octubre pasado en una conferencia. Soler, defendido por el penalista Benet Salellas, es uno de los investigados del caso Volhov que fue derivado desde el juzgado de Barcelona a la Audiencia Nacional, y fue uno de los primeros en personarse en la causa, en Madrid. El caso de Tsunami Democràtic es uno de los que el PSOE negocia con Junts y ERC para que se incluya en la ley de amnistía, y la última resolución del juez intenta torpedearlo, como por ejemplo imputar un muerto de un ataque de corazón a Tsunami.

En el escrito, presentado este martes y al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, se expone que los hechos que motivan el presente incidente “son las opiniones y expresiones abocadas” por el magistrado Manuel García Castellón, en el transcurso de una conferencia titulada La Audiencia Nacional, un Tribunal excepcional en el marco del Foro la Región de Orense, y que considera que “guardan relación con los hechos que han motivado el dictado de la resolución del 6 de noviembre del 2023  de esta causa, en la cual el juez García Castellón cita como investigados del delito de terrorismo por supuestamente liderar Tsunami, Soler, además del presidente al exilio Carles Puigdemont y a la secretaria de organización de ERC, Marta Rovira, entre otros.

Sorna del magistrado

El abogado Benet Salellas expone que en la conferencia  "haciendo uso de sorna e ironía", el magistrado García Castellón, después de advertir que no podía opinar sobre este tema por su condición de magistrado y, sobre todo, por encontrarse instruyendo causas como la presente que versan precisamente "sobre actuaciones que se imputan a personas del movimiento independentista", dijo: “Yo únicamente como ciudadano puedo decir dos cosas: Una: que en la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y, sin embargo, no es posible. Y no está prohibida expresamente. Y dos: ¿Bien, estos señores han dicho si cuando puedan volverán a repetirlo, por lo tanto, será esta amnistía la primera de otras muchas después?”

Falta de imparcialidad

Por todo ello, el penalista, en nombre de Soler, manifiesta en el escrito que "el magistrado instructor de la causa que versa sobre las más importantes movilizaciones sociales del independentismo en el otoño del 2019, las protagonizadas por Tsunami Democrátic, no puede emitir públicamente su opinión sobre la necesidad o no de amnistiar estas conductas sin incurrir, como ha sucedido en este caso en una evidente pérdida de falta de imparcialidad, al menos ante aquellos que, como mi representado, serán objeto de instrucción y análisis por parte de este magistrado". Y cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre las exigencias de imparcialidad objetiva y subjetiva que tiene que mantener un juez.  Y concluye: “No existe ninguna duda que el objeto del presente procedimiento es la movilización social independentista y que, por lo tanto, el objeto procesal se encuentra directamente vinculado con el objeto de la ley de amnistía que se encuentra en fase de negociación.”

Piezas secretas

Además, Salellas avanza que presentará recurso contra las últimas resoluciones del juez en esta causa, que critica abiertamente al afirmar que “sigue sin comprender el imbricado proceso de instrucción que se ha seguido con la combinación de múltiples diligencias previas secretas tramitadas de manera paralela”. El abogado insiste a afirmar que “hay dificultades jurídicas evidentes de incoar una investigación penal contra una movilización social”.

Banalizar el terrorismo

Precisamente, el penalista Gonzalo Boye ha alertado el juez de la Audiencia Nacional que no banalice el terrorismo, en el escrito presentado este martes a la Audiencia Nacional, en el que solicita que se le informe de toda la causa como defensor de Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina del president Puigdemont. Alay es también uno de los ocho investigados por el juez Joaquín Aguirre en el caso Volhov, que el juez García Castellón  reclamó para su causa de la Audiencia Nacional.

Por otro lado, el empresario y exdirigent de Convergència David Madí, es el único de los investigados del caso Volhov derivado a Madrid que, finalmente, no ha sido citado como investigado por el juez de la Audiencia Nacional.