Más novedades del caso Volhov, sobre la supuesta financiación ilegal del independentismo catalán. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona ha citado a declarar como investigado el empresario ruso residente en Barcelona, Alexander Dmitrenko, a quien se lo relaciona por sus contactos con el jefe de la oficina del presidente Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, que fue detenido por esta causa con una veintena de personas más en octubre del 2020. La providencia de citación es para el 31 de mayo, a las 10 de la mañana, y versa sobre una pieza que está parcialmente secreta, ha informado hoy al gabinete de prensa del TSJC. Dmitrenko es investigado a raíz de unas conversaciones con Alay en las cuales hablan de un negocio de petróleo, que resultó fallido, pero que el magistrado Joaquín Aguirre sospecha que podría ser el enlace ruso con Catalunya, y más cuando el Gobierno no aprobó la nacionalidad española de Dmitrenko al relacionarlo con los servicios de inteligencia del gobierno de Putin. El fiscal Fernando Maldonado se opuso con rotundidad a esta investigación sobre la venta de gas licuado ruso a una empresa china al considerarla "prospectiva". Sin embargo, la Audiencia de Barcelona avaló la investigación.

El juez Aguirre  encaró, el septiembre pasado, a la Guardia Civil que investigara si una supuesta operación de venta de petróleo entre Rusia y China era "una pantalla para alguna financiación ilegal de un partido político". Y, sin haber trascendido detalles de la investigación, el juez del caso Volhov ha citado al empresario ruso, como ha avanzado esta mañana El Periódico. En la providencia no se detallan los delitos ni los hechos por los cuales se cita Alexander Dmitrenko, ya que una parte de la investigación continua secreta, según el TSJC.

Conversación

En concreto, en uno de los mensajes intervenidos entre Dmitrenko y Alay se habla de 295.000 dólares que el empresario ruso recibió como garantía de un negocio, y por  ello habría escrito: "felicidades a todos nosotros. Primer gran paso dado." Dmitrenko habría enviado un recibo de pago donde aparecen una empresa rusa y una de Hong Kong. La Guardia Civil, en su informe, admite que desconoce más datos sobre este negocio, y, no obstante, no duda a asegurar que por el "contexto de los mensajes" podría existir "una participación del entorno de Puigdemont". De hecho, a pesar de la falta de datos objetivos que admitía la Guardia Civil, el juez Aguirre compara esta venta con la operación de una empresa rusa con una vinculada al político italiano de la Lega Nord Matteo Salvini, que habría servido para financiar de manera ilegal aquel partido italiano.

Terradellas

La vinculación de una posible financiación o apoyo ruso a la causa independentista catalana se convierte en el caso Volhov cuando se encuentra al presidente de Catmon y exsecretario de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas un audio (grabado el 24 de mayo del 2018, que guardó y que le encuentran en un segundo registro en el caso Diputación en el 2019) de una conversación en el móvil con los también investigados David Madí, exdirigente de CDC, y el exconseller de ERC Xavier Vendrell, en qué sostiene que desde Rusia se habría enviado a unos 10.000 soldados rusos para el procés independentista, pero que el president Puigdemont "se cagó en las bragas". En las conversaciones, Madí y Vendrell se muestran incrédulos. Por ahora, no se ha descubierto ningún vínculo o actuación ilegal del Govern de Puigdemont con el gobierno ruso o con ciertos empresarios y políticos, todo y la insistencia de Terradellas de querer hablar con el presidente catalán  (según su entorno) en otoño del 2017 en pleno proceso de la declaración de independencia de Catalunya, al final suspendida. Terradellas continúa investigado en el caso Diputación de Barcelona, iniciado en el 2016 de supuestas subvenciones a entidades afines en CDC, y con el hallazgo de su audio  se abrió el caso Volhov.

Otra reciente resolución del juez Aguirre es pedir a la Diputación de Barcelona el dinero que pagó a Alay, cuando trabajaba en la institución, ya que también es investigado en esta causa, y con el argumento que su antecesor podría haber cometido irregularidades.